Existe necesidad de que la Cámara Baja cuente con una Comisión de Ética, más aún cuando surgen escándalos de corrupción como el caso del funcionario hallado infraganti extorsionando a un empresario.
> Suman pedidos de renuncia contra el titular de la Cámara Baja, señalando que solo de esa forma se garantiza transparencia en investigaciones por hechos de corrupción.
> Solo una investigación clara determinará si hubiese existido algún tipo de aval político en la contratación de empleados involucrados en este hecho.

Tras los recientes hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la Cámara Baja y la negación de toda responsabilidad por parte del titular en esta instancia, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, exigió la urgente conformación de una Comisión de Ética, tomando en cuenta que anteriormente ya se denunciaron hechos irregulares sin las investigaciones pertinentes.
En criterio del asambleísta paceño, existe la imperiosa necesidad de que la Cámara Baja cuente con una Comisión de Ética, más aún cuando surgen escándalos de corrupción como el caso del funcionario hallado infraganti extorsionando a un empresario bajo la excusa de cancelar un contrato de servicios.
Reyes sostiene que es necesaria la intervención de una instancia legislativa encargada de hacer seguimiento y establecer responsabilidades, cuando existen fuertes denuncias que involucran a parlamentarios y sus subalternos, como ocurre en el presente caso.
“Debe de conformarse esta Comisión de Ética porque todos estos problemas deben ser analizados a través de esa instancia”, puntualizó el asambleísta, recordando que lastimosamente, en los últimos años, la Asamblea Legislativa se ha visto afectada por denuncias de diferente tipo, entre ellas “hechos de violencia contra mujeres” y hasta niñas.
En ese sentido, afirmó que desde la principal fuerza de oposición en el Parlamento se exige una pronta designación de asambleístas para que formen parte de esta instancia, en momentos en que graves denuncias de supuesta corrupción alcanzan incluso a la presidencia de Diputados.
“Son hechos que la Comisión de Ética debió haber investigado, como Comunidad Ciudadana exigimos la urgente conformación de una instancia que no fue consensuada para su posesión desde hace varios años”, dijo.
Sobre el escándalo de corrupción acontecido esta semana y las versiones que apuntan a una supuesta complicidad en el titular de Diputados, Israel Huaytari, el legislador de oposición se sumó a los pedidos de renuncia contra la autoridad legislativa, señalando que solo de esa forma se garantiza transparencia en las investigaciones.
“Es momento de que el presidente de la Cámara Baja dé un paso al costado en su cargo, viabilice una investigación a fondo y principalmente, remueva y destituya a todos los funcionarios implicados, iniciando por el Oficial Mayor”, sostuvo Reyes, reprochando que un puñado de personas al mando de Huaytari y su personal de confianza traten de lavarse las manos en un grave hecho de corrupción que daña la imagen de toda la ALP.
“Si hubiese existido algún tipo de aval político, solo una investigación clara lo debe determinar”, concluyó.
Esta semana, un funcionario de la Cámara de Diputados fue aprehendido en un restaurante del centro paceño, cuando presuntamente recibía el dinero de un soborno que había exigido a cambio de la continuidad de un contrato para la prestación de servicios en la ALP.
El empresario víctima de la extorsión, había sido citado para entregar 40 mil bolivianos como parte de pago del soborno. Acudió a la Policía, pero al no tener respuesta determinó hacer la aprehensión por particulares junto a su abogado.
El funcionario administrativo, llevó al empresario a un restaurante en la calle Loayza, frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en el lugar, la víctima entregó 5 mil bolivianos y se produjo la intervención.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, negó algún tipo de relacionamiento con el funcionario aprehendido, señalando que cualquier delito cometido por un empleado público es de carácter personal y no debe implicar a toda la institución.
En rueda de prensa, enfatizó que la investigación debe ser precisa y correcta, reiterando que los funcionarios implicados, deben asumir su responsabilidad de manera particular.
Añadió que como entidad legislativa, se trabaja en la línea de establecer mecanismos en los marcos normativos destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos que comprometan o afecten recursos del Estado.
Esta semana, legisladores de oposición cuestionaron que al interior de la instancia encargada de fiscalizar y garantizar la transparencia en la administración pública existan denuncias de corrupción en grados que alcanzan hasta la extorción. Asimismo, se exigió celeridad en las investigaciones hasta sancionar a todos los implicados en este acto delictivo.
Diputadas como Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, reprocharon que mientras la presidencia de la ALP determinó ingresar en receso, funcionarios sean descubiertos en preocupantes hechos de corrupción.
“Los ratones están de fiesta. Exijo a Huaytari mostrar cámaras de seguridad y transparentar la información con todos los medios de comunicación. Si se demuestran vínculos con alguna autoridad, la misma deberá ser destituida de inmediato”, exigió, detallando que la persona aprehendida desempeña funciones como “jefe de contrataciones” en la Cámara Baja y operaba a nombre del oficial mayor y un diputado del MAS.