Posiciones políticas radicales impiden avances en favor del derecho ciudadano a poder elegir a los miembros de Altas Cortes por la vía de las urnas.
> Señalan que cada fracaso en el diálogo político para destrabar la preselección en la ALP, se constituye en un revés para una ciudadanía a la que se le está vulnerando el derecho a poder elegir a sus autoridades judiciales.
> Advierten que la población está cada vez más sedienta de una justicia transparente, anhelo que es impedido por afanes políticos que, poco a poco, van provocando cansancio en la ciudadanía.

Ante un nuevo fracaso en los acercamientos políticos para viabilizar las elecciones judiciales y superar las constantes acciones judiciales que buscan paralizar este proceso, los cuestionamientos se centran en la falta de voluntad demostrada para evitar más dilación en la elección de nuevas autoridades judiciales, lo que además va provocando cansancio en la ciudadanía.
Tras una nueva convocatoria a diálogo que termina sin resultados concretos con relación a los comicios judiciales y el futuro de los magistrados prorrogados, donde posiciones radicales impiden avances en favor del derecho ciudadano a poder elegir a los miembros de Altas Cortes por la vía de las urnas, suman los criterios que apuntan a un incumplimiento de la Constitución por posiciones políticas intransigentes e inacción, todo en desmedro de la población.
Para el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, cada fracaso en el diálogo político para destrabar la preselección en la ALP se constituye en un revés para una ciudadanía a la que se le está vulnerando el derecho a poder elegir a sus autoridades judiciales mediante las urnas, tal como se establece en el texto de la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo, cuestionó que desde el Ejecutivo no se asuma una posición definitiva con respecto al proyecto de ley que cesa en sus funciones a las actuales cabezas de la justicia, aprobada por el pleno de la ALP a convocatoria del presidente del Senado.
“Este fracaso es un nuevo revés para el pueblo al que se le sigue privando el derecho de elegir tribunales independientes. Presidente Luis Arce, promulgue u observe el Proyecto de Ley 075, no dilate más el cumplimiento de la CPE”, expresó el exmandatario, a través de sus redes sociales.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que la población está cada vez más sedienta de una justicia transparente, “que piense en el boliviano”, anhelo que es impedido constantemente por afanes políticos que, poco a poco, van provocando el cansancio en la ciudadanía.
“Lo que están haciendo los políticos es cansar a la ciudadanía estirando la paciencia y es probable que el país reviente. Es mejor que se pongan de acuerdo de una vez y hagamos unas elecciones judiciales como se debe”, dijo.
Sobre los actuales mecanismos de selección en el caso de autoridades judiciales, Arias se sumó a los cuestionamientos que observan serias falencias en la forma de elegir a las cabezas de la justicia; sin embargo, señaló que es la forma que indican las normativas vigentes, por lo que su cumplimiento es obligatorio.
En ese sentido, reiteró que las posiciones políticas que en la actualidad impiden cualquier avance y garantía para la realización de las elecciones judiciales, está peligrosamente provocando que la población vaya perdiendo la paciencia en este tema, con todas las posibles consecuencias de ello.
“El país está cansándose y no están entendiendo, los políticos están en marte y los ciudadanos en la tierra. Están buscando que la gente se canse y cuando la gente se cansa es complicado, pido a los políticos que no se aprovechen de la paciencia del pueblo”, añadió.
Consultado sobre quién se beneficia con el empantanamiento en el proceso para la renovación en altas cortes, sostuvo que no existen ganadores sino que manteniendo a la justicia, tal y como está, pierde todo el país.
“Los que creen que una justicia como la que tenemos les beneficia, están equivocados, nos perjudica a todos y perdemos todos”, concluyó.
El lunes, el diálogo convocado por la Vicepresidencia para abordar el tema de las elecciones judiciales, concluyó sin acuerdos entre las fuerzas políticas con representación en la ALP. El principal punto de desacuerdo es la situación de los actuales magistrados “autoprorrogados”.
Mientras opositores y “evistas” insistieron en la cesación de los “magistrados autoprorrogados” a través de la promulgación de la ley 075, “arcistas” mantienen la posición de que dicha norma es inconstitucional y plantearon optar por otras opciones como el blindaje a la preselección para evitar más paralizaciones y que jueces prorrogados dejen el cargo ante la posesión de sus sucesores.
“No hemos podido llegar a un acuerdo, no ha habido posibilidad de que el jilata Choquehuanca y algunos miembros estén de acuerdo con aquello, por consiguiente nos hemos dado la mano y nos hemos salido diciendo hasta luego y que cuando nos convoquen por favor que sea con una decisión política para avanzar hacia adelante”, manifestó el senador Guillermo Seoane de CC, al momento de abandonar el encuentro del lunes en la Vicepresidencia.
Por su parte, el senador Henry Montero, de Creemos, expresó su rechazo al planteamiento oficialista y pidió mayor seriedad al momento de proponer este tipo de salidas al tema de las judiciales.
“Ya estamos bastante grandes para que no hagan propuestas indecentes y que también abusen de nuestra capacidad intelectual, es por eso que hemos rechazado la propuesta de Choquehuanca”, dijo.
En la misma línea, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se sumó al rechazo de la propuesta “arcista”, considerando que es incorrecto que el Legislativo se “someta” a disposiciones de magistrados cuyos mandatos son ilegales. Asimismo, enfatizó que existe la decisión de seguir adelante con la preselección judicial “contra viento y marea”, pese a que lleguen más amparos que intenten paralizarlo.
Jerges Mercado del “arcismo” criticó la actitud de los opositores de presionar para que se promulgue la ley 075 y lamentó que no se haya “blindado” la elección judicial. “Lamentablemente se va a continuar con el trabajo de las comisiones mixtas sin el blindaje de esta resolución que pedían varios compañeros de la oposición”, agregó.