Observan que desde el Gobierno solo se usan los recursos públicos para hacer propaganda política y no en medidas de prevención contra incendios forestales.
> Afirman que, pese a los reclamos y la acción de fiscalización de los últimos años, la situación no ha cambiado.

Lamentando que nuevamente incendios forestales descontrolados provoquen daño ambiental y contaminación, la diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, cuestionó la inacción y falta de coordinación entre los niveles central, departamental y municipal, para la sofocación del fuego, reiterando que los avasallamientos de tierras son la principal causa de estos desastres ambientales.
A través de sus redes sociales, la legisladora de oposición cuestionó la falta de capacidad demostrada por autoridades para gestionar acciones destinadas a detener el fuego descontrolado en distintas localidades del departamento de Santa Cruz.
“Tratan de minimizar una situación que ya supera los 30 incendios forestales y 8.873 focos de calor, sobre todo en la Chiquitania. Tenemos información sobre la falta de coordinación entre los niveles central, departamental y municipal, que están dejando crecer los incendios en regiones como Roboré, Aguas Calientes, Naranjo, San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo”, informó la diputada.
Recordando que anteriormente se enviaron “decenas de notas” a instancias como el Viceministerio de Defensa Civil, la Gobernación cruceña, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, además de distintos gobiernos municipales de la región, solicitando información y coordinación. Álvarez exigió que todos los niveles de gobierno “cumplan con su trabajo”, garantizando abastecimiento de combustibles, distribución de material y desplazamiento de personal a cada punto de incendio.
Cuestionando el grado de insensibilidad, incapacidad e inoperancia provocada por “celos y cálculos políticos mientras se quema todo”, Álvarez lamentó que durante un reciente encuentro interinstitucional en Santa Cruz, no se haya tocado el tema de los avasalladores, que son los principales responsables para generar este tipo de delitos ambientales.
“Cuando se acaben los avasallamientos, cuando estos delincuentes ya no ingresen a nuestro territorio para acabar con nuestro patrimonio se van a detener los incendios forestales”, dijo.
Asimismo, informó sobre la situación en Roboré, donde se estableció el cierre del tráfico vehicular en la Ruta 7 entre las poblaciones de Naranjos y Aguas Calientes, además de los riesgos de contaminación en el pantanal y con ello afectar a la hidrovía Paraguay-Paraná.
Al respecto, casi 40 organizaciones, mediante un comunicado público urgente, pidieron ayer a los gobiernos central y departamental de Santa Cruz que actúen de manera eficaz e inmediata contra los incendios provocados en el municipio de Roboré, El Pantanal y toda la región chiquitana que están depredando bosques, biodiversidad y poblaciones locales.
Las organizaciones alertaron que un nuevo ciclo de incendios de grandes dimensiones ha sido desatado en la Chiquitania y El Pantanal, principalmente en Roboré y San Matías, destruyendo la invaluable riqueza del bosque seco chiquitano y particularmente el Área Protegida Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz, APM/UCPN Reserva de Vida Silvestre Tucabaca.
En ese sentido, los firmantes del documento manifiestan su indignación ante esta nueva escalada de incendios provocados por políticas atribuidas al Gobierno de habilitación de tierras para la agricultura extensiva y el pastoreo, entre otras, en la que, como en otras ocasiones, deban ser las mismas comunidades y poblaciones locales quienes combatan el fuego con el apoyo ocasional de bomberos voluntarios, cuando deberían ser las autoridades competentes quienes se ocupen de ello.
ABROGACIÓN
Paralelamente, exigieron la inmediata abrogación del denominado paquete de leyes incendiarias que promueve y fomenta estas quemas que cada año y masivamente acaban cruelmente con todo tipo de vida, así como el respeto al Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, entre las que se cuentan las leyes 337, 502, 739, 952 que establecen el “perdonazo” a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal.
También figuran la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que también condona las multas por quemas sin autorización, así como el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias y permite quemas controladas.
Ya el 22 de julio de la presente gestión el Concejo Municipal de Roboré declaró desastre municipal por los incendios, declaratoria cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de este 2024.
En esta ocasión, el comunicado “Roboré exige atención urgente y eficaz ante nueva emergencia por incendios” cuenta con el apoyo de 39 organizaciones, entre las que figuran la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), el Comité de Gestión de la APM/UCPN Reserva de Vida Silvestre Tucabaca; el Centro de Documentación e Información Bolivia – Cedib; la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – Apdhb; la Organización regional de mujeres indígenas chiquitanas – Ormich, la Comunidad Indígena El Portón, Roboré, la Asociación de Mujeres de Santo Corazón y el Comité Cívico Femenino de Ixiamas, junto a otras destacadas organizaciones.
Por su parte, la diputada Álvarez cuestionó a la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras por la permisividad ante las quemas controladas, que, evidentemente ya pasaron a ser descontroladas en varias provincias cruceñas.
Recientemente, Álvarez recibió respuesta a una solicitud realizada a la ABT sobre los tiempos y el control que se realiza a las quemas en el departamento de Santa Cruz, en el que se incluyó la aprobación de la Resolución Administrativa 096/2024 del 10 de junio, que establece el calendario de quemas controladas para esta región.
El cronograma abarca a 15 provincias y establece quemas controladas hasta junio, restringidas en julio y prohibidas en agosto, pero en una disposición menciona que “en caso de que exista incremento de focos de calor que provoquen incendios forestales, las quemas controladas serán suspendidas temporalmente hasta que estas disminuyan”.
“Nos llama la atención esta forma de institucionalizar los incendios, al hablar de quemas controladas, porque sabemos que luego los incendios salen de control y la ABT no hace ningún tipo de seguimiento en las zonas afectadas”, reclamó.
Para la diputada, desde el Gobierno solo se usan los recursos públicos para hacer propaganda política y no en medidas de prevención. Pese a los reclamos y la acción de fiscalización de los últimos años, la situación no ha cambiado, concluyó la legisladora cruceña.