La autoridad señaló que solicitará a la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) y a la Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM), que se trabajen normativas específicas al ámbito municipal.
“Necesitamos una norma, yo no creo que sea una ley nacional de eventos y espectáculos públicos porque eso rompería con las atribuciones que tienen los gobiernos municipales; se debe contar con normativa principalmente en el eje troncal y capitales de departamento donde normalmente se llevan adelante estos eventos”, manifestó.
Silva explicó que la cancelación de estos conciertos y espectáculos muchas veces responde a que el organizador no realiza un estudio de mercado adecuado para el artista que quieren traer, o simplemente no cuentan con el capital correspondiente, o por la falta de logística y de conocimiento de este rubro.
La autoridad comunicó que en el país solo existen cinco empresas legalmente constituidas, y alrededor de 10 mil usuarios y consumidores que se vieron afectados por la cancelación o suspensión de conciertos.
Por otro lado, pidió a los usuarios, tomar sus recaudos al momento de adquirir entradas para estos espectáculos y buscar la información real en plataformas oficiales de los artistas.