Una investigación de la Defensoría del Pueblo, presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia en Tarija, revela que más de cinco mil niños, niñas y adolescentes viven en más de 70 centros de acogida en todo el país; por lo que, recomienda la restitución del derecho fundamental a vivir en familia en ambientes que garanticen su integridad y promuevan la protección a este sector de la sociedad.

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, expresó la preocupación institucional ante las instancias que integran el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, así como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con esta temática, por la cantidad de menores en casas de acogida.

El mencionado documento, apunta a la responsabilidad compartida de los actores del Sistema de Protección para restituir el derecho fundamental a vivir en familia, en ambientes que garanticen su integridad y promuevan la protección de la niñez, siempre velando por el principio del interés superior del niño en todas sus dimensiones.

“Todos los integrantes del sistema de protección están comprometidos a trabajar de manera integral, de forma diligente y oportunamente para reducir drásticamente la institucionalización de la niñez”, señaló Romero.

De acuerdo con la explicación de la Delegada Defensorial de Tarija, “este estudio revela limitaciones en cuanto a las visitas y la reintegración familiar y plantea recomendaciones dirigidas al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a los nueve gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales de las capitales, con el objetivo de implementar normativas, generar sistemas de información y estandarizar mecanismos y protocolos que aseguren las visitas y la reintegración familiar, protegiendo al máximo los derechos de la niñez, que ya han sido vulnerados en una primera instancia”.

Asimismo, Romero destacó los avances reportados tanto por el Gobierno Autónomo Departamental como por el Gobierno Municipal de Tarija, que muestran un nivel significativo de cumplimiento de las recomendaciones y acciones positivas para lograr una mejor implementación.

Durante la presentación, la Jueza de Niñez y Adolescencia 2ª de la Capital, Alejandra Ortiz, elogió el trabajo de la Defensoría del Pueblo al identificar debilidades en el proceso de reintegración y se comprometió a fortalecer las acciones para garantizar un mejor cumplimiento de los plazos en los procesos de reintegración. Esto se llevará a cabo en coordinación con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y la Instancia Técnica de Política Social.

La presentación del informe destaca varios problemas clave identificados en la investigación defensorial. Entre ellos, se encuentran los límites en las visitas, la falta de procedimientos estandarizados y la prolongada estancia de niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento.

Entre sus conclusiones, el documento hace un llamado a la acción y ofrece recomendaciones específicas a las autoridades pertinentes para abordar estos desafíos y garantizar un entorno más adecuado y protector para la niñez en nuestro país.