La normativa minera del país es poco atractiva para las inversiones en el sector, mientras países de la región anuncian la llegada de capitales privados por el orden de los más de 15.000 millones de dólares. Sin embargo, en Bolivia el Estado programa grandes inversiones, pero no pueden ser ejecutados, de acuerdo con un análisis realizado por el experto en minería Dionisio Garzón.
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