El decreto supremo 3376 del 25 de octubre de 2017, por el cual se modifica el decreto reglamentario 25235 de 1998 ha generado varias complicaciones a los importadores de medicamentos e incluso a los empresarios de la industria farmacéutica nacional, que han considerado que detrás de la norma hay la intención de desincentivar al sector.
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