El Gobierno apunta solo al eslabón más débil de la cadena de robo de mineral, los jucus, y deja de lado el control a intermediarios y comercializadoras de estaño. Esta “negligencia premeditada” genera una pérdida mensual de al menos dos millones de dólares a la empresa minera Huanuni, en el departamento de Oruro. El robo también afecta a las empresas mineras Colquiri y Porco.

“Hay una negligencia premeditada en atender el tema del juqueo (…), es un tema que fácilmente podría ser atendido si es que el Estado tomaría acciones contra, no solo las personas que lo realizan, sino contra los intermediarios que la comercializan y las comercializadoras que van adquiriendo este mineral”, dijo a ANF el investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.

Esta versión es ratificada por el exfiscal de Oruro, Orlando Zapata, quien aseveró que existe desinterés de las autoridades del rubro y de la propia empresa Huanuni para combatir el juqueo.

“Hay formas de controlar el juqueo, hay formas de reconocer el mineral para saber si es de Huanuni, pero no lo realizan, hay intereses muy grandes en todo esto y por eso prefieren no hacer nada”, dijo en entrevista con ANF.

Los anuncios del Gobierno sobre planes de control y mejoramiento de la seguridad con mayor cantidad de personal e instituciones no dieron resultados. Los policías, militares, las empresas de seguridad y hasta los mismos trabajadores resultaron implicados y son parte de la cadena del robo de estaño, según la investigación fiscal que llevó adelante Zapata.

“Este tema no viene a ser controlado por el Estado porque obviamente se ha aseverado que hay muchos intereses desde la misma empresa, desde el interior, que permiten esto”, remarcó Zaconeta.

Indicó que se podría realizar al estaño que se comercializa, y que llega a las comercializadoras, el análisis sobre las características específicas, que en el caso de Huanuni son únicas por su alta ley y “fácilmente podría ser detectado, pero obviamente no hay una actitud del Gobierno para controlar esto y siempre se busca al eslabón más débil que es el jucu”.

El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo Fernández, reconoció que el “juqueo” o robo de mineral genera pérdidas económicas elevadas a la minera estatal y pese a la seguridad con efectivos militares, policiales y de seguridad privada, el robo en Huanuni continúa incentivado por el precio del estaño. Estima que existen al menos unos 100 ingresos clandestinos al yacimiento en el cerro Posokoni.

“Uno de los problemas más importantes y que afecta al juqueo es el precio del mineral, cuando el precio del mineral empieza a subir entonces hay más juqueo y cuando empieza a bajar el mineral también hay menos juqueo”, respondió consultado por ANF.

Señaló que el juqueo preocupa porque no solo ocurre en Huanuni, sino también en la mina Colquiri, ocasionando un daño importante a las arcas del Estado. “Los montos son muy elevados, pero a través de la Corporación y a través de la gerencia de la empresa (Huanuni), estamos tratando de controlar esta situación que es muy complicada”, apuntó.

El investigador del Cedla corroboró la expansión del juqueo a centros mineros como Colquiri y Porco con daños que afectan a las recaudaciones del Estado. Indicó que Colquiri, en el mejor de los casos, de acuerdo a información de los trabajadores, tiene una pérdida mensual de un millón de dólares.

“El problema del juqueo no es solo una particularidad de Huanuni, está sucediendo a gran escala igual en Colquiri, está sucediendo en Porco y es un tema que va afectando, esto se acrecienta cuando los precios del estaño van incrementándose y continuará mientras el Gobierno no haga nada al respecto”, apuntó.

En ese sentido, Zaconeta aseveró que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), entidad orientada a registrar y controlar el proceso de comercialización, “realmente perdió las riendas en toda su labor de fiscalización y seguimiento y de aplicación certera de lo que es el número de identificación minera para detectar” la compra y venta ilegal de minerales.

“Con operativos, incautando el estaño sospechoso, llevándolo a un proceso de laboratorio, estimando el grado de pureza y la ley o la riqueza de mineral, se puede estimar de dónde es procedente, y si es estaño robado entonces proceder como son las medidas”, refirió.

Lamentó que lo único que se haga para combatir el juqueo sea solo una labor punitiva con el endurecimiento de las penas y las leyes, y no ver técnicamente cómo controlar a las comercializadoras. Dijo que “toda esta debilidad lo único que hace es fomentar que esta actividad vaya creciendo”.

Mario Argollo, secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de Huanuni, ratificó que el robo de mineral cada mes afecta con alrededor de 2 millones de dólares a la empresa Huanuni, un monto dado a conocer en la gestión del exgerente de Huanuni Guillermo Dalence en 2017, pero desde entonces esta realidad no ha cambiado.

“Esos grupos clandestinos entran a la mina en cantidades cada vez mayores e incluso con armas de fuego han tenido enfrentamientos con nuestros compañeros trabajadores, en ese aspecto estamos haciendo ya las respectivas representaciones ante las autoridades nacionales para que mediante ellos se pueda gestionar un plan estratégico para solucionar este aspecto”, señaló Argollo a ANF.

Argollo indicó que como dirigencia de la estatal Huanuni no puede señalar quiénes son partícipes de la corrupción y el robo de mineral debido a la falta de pruebas, pese a los procesos que viene llevando la fiscalía e implican a policías y trabajadores.

El robo de mineral también viene afectando en la recaudación de los municipios y departamentos productores, que pierden cuando el mineral robado es registrado como si hubiera sido producido en otro departamento, señaló Zaconeta.

“Sabemos que en la ruta del juqueo, el mineral que se roba en Huanuni termina siendo rescatado por gente en Cataricagua (campamento minero cercano a Huanuni) y trasladado en algunos casos hasta Llallagua, comercializada en Llallagua (Potosí)”.

Dijo que esta misma situación se está produciendo en la explotación de oro, donde las comercializadoras, siguen siendo las grandes beneficiarias, rescatan el metal en diferentes regiones y no declaran a cabalidad su procedencia.

“En el caso del oro se sabe de las comercializadoras, algunas, que rescatan oro en territorio paceño posteriormente lo trasladan hasta Beni donde lo comercializan y lo declaran, y esto ocasiona que las regalías vayan para algún municipio de Beni y al departamento”, explicó. (ANF).