Rechazo y protesta fue lo que generó el anuncio del presidente Evo Morales, en sentido de que el Gobierno central decidió disponer del cinco por ciento de recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores activos del país, para otorgar créditos de empresarios agropecuarios del oriente del país. La oposición calificó el hecho como un “delito de apropiación indebida”, por tocar el dinero que ahorran los trabajadores para su jubilación.
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