Aseguran que las medidas de presión iniciadas esta semana por sectores afines al “evismo”, tienen un carácter estrictamente político cuya finalidad es habilitar una candidatura para Evo Morales.

Gobierno tiene la responsabilidad, en el marco de la Constitución, de preservar el orden interno y evitar cualquier acto de violencia y confrontación que pueda generarse.
Señalan que “arcistas” y “evistas” persiguen el mismo objetivo, el poder. Unos tratan de retomarlo y otros buscan mantenerlo.
Afirmando que el “evismo” no escatimará en ninguna estrategia “oscura y subterránea” para lograr sus objetivos políticos, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que está en manos del Gobierno garantizar la institucionalidad y el respeto de la Constitución Política del Estado (CPE), evitando cualquier acto de violencia y preservando el cumplimiento de la norma.
En declaraciones a medios de prensa, el asambleísta de oposición puntualizó que las medidas de presión iniciadas esta semana por sectores afines al “evismo” en el MAS, tienen un carácter estrictamente político cuya finalidad es la habilitación de Evo Morales para las próximas elecciones.
“Aquí no se está reivindicando ningún derecho ni demandando un beneficio para nadie, excepto el supuesto derecho de Morales para tratar de ser candidato y entrar por la ventana a la candidatura del año 2025, ese es el objetivo claro de esta movilización”, sostuvo.
Sobre la amenaza que la movilización “evista” representa para la estabilidad del país, Urquidi apuntó que el gobierno de Arce, pese a ser juez y parte en este problema, tiene la responsabilidad, en el marco de la Constitución, de preservar el orden interno y evitar cualquier acto de violencia y confrontación que pueda generarse.
“Ya conocemos la forma de razonar de Evo Morales y del propio MAS, no tengo la menor duda de que seguramente se está buscando algún muerto para conflictuar el país, generar tensión y tratar de buscar la convulsión. No queda duda”, advirtió.
Asimismo, aseveró que serán responsables tanto Morales como Arce, en caso de que las medidas deriven en confrontación y conflictos sociales, tomando en cuenta que ambos bloques persiguen el mismo objetivo, el poder. “Unos quieren volver y otros no los quieren dejar”.
“Está claro que Morales no va escatimar en ninguna estrategia burda oscura y subterránea para tratar de lograr su objetivo. Él no es precisamente una persona que respete las instituciones y mucho menos las reglas de la democracia, eso lo sabemos todos”, afirmó Urquidi.
Al respecto, el diputado José Manuel Ormachea llamó a que autoridades nacionales hagan respetar y cumplir las normativas vigentes, la Constitución y sobre todo la Resolución Constitucional que conmina al dirigente cocalero y sus movimientos sociales a no vulnerar los derechos de la población para desplazarse libremente por territorio nacional.
En ese sentido, emplazó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a desarticular cualquier amenaza que pueda generarse a partir de la marcha iniciada la jornada pasada y otras medidas que surjan en los siguientes días.
“Ahora vamos a ver de qué está hecho el ministro, porque ha sido notificado el MAS del ala ‘evista’. La justicia ha ordenado que no generen enfrentamiento, inestabilidad, bloqueos y violencia. Si se debe aprehender a Morales, debe hacerlo, pues se trata de un ciudadano más”, puntualizó Ormachea, reiterando que el “evismo” solo se moviliza por intereses políticos totalmente alejados de algún tipo de reivindicación nacional importante.
Ayer, en la localidad de Caracollo del departamento de Oruro, Evo Morales dio inicio a la denominada “Marcha para Salvar Bolivia”, supuestamente para demandar al Gobierno una respuesta efectiva al problema de la falta de combustible, dólares, incremento de la canasta familiar y respeto a la institucionalidad del MAS.
“El presidente con su gobierno es el primer bloqueador del país, con combustible, por falta de dinero, grave la situación”, acusó.
Posteriormente, denunció supuestos planes para detener esta medida, con la movilización de mineros y funcionarios públicos. Nuevamente advirtió que, de no aceptarse sus demandas, se dará paso a un bloqueo de caminos a partir del 30 de septiembre.
Desde el Gobierno, se acusa a Morales de intentar usar esta marcha para imponer una candidatura presidencial, en tanto que “evistas” aseguran haber sido abandonados por el presidente y vicepresidente a causa de una “mala gestión”.
Para el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, la columna que acompaña a Morales inició con 2000 personas, existiendo mineros en posesión de dinamita. Asimismo, adelantó que la Policía hará respetar la norma y realizará todos los trabajos necesarios para mantener el orden público, por lo que, además, pidió a la población no caer en provocaciones.