Expertos de la ONU instan a Honduras a abordar décadas de impunidad
“La voluntad política y los esfuerzos continuos del Gobierno de Honduras para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en una prevención e investigación efectivas de las muertes ilícitas”, explicó en un comunicado al terminar su visita de 10 días al país.
Las ejecuciones extrajudiciales, que fueron sistemáticas en la década de 1980 y alcanzaron su punto máximo después de un golpe militar en 2009 y en la crisis postelectoral de 2017, siguen siendo un fenómeno generalizado. Afecta a todos los sectores de la sociedad, pero particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y afrohondureños, los campesinos, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, los periodistas y las personas LGBTIQ.
«Las investigaciones efectivas, el acceso a la información y la justicia para las víctimas, que siguen obstaculizados por una capacidad de investigación limitada y una cultura de impunidad, son fundamentales para romper el ciclo de violencia de larga data», dijo Tidball-Binz.
Añadió que el Gobierno debe garantizar que el uso de la fuerza por parte de todas las fuerzas militares y de seguridad esté estrictamente regulado de acuerdo con las normas internacionales y solicitó que se finalice el proyecto de ley sobre el uso de la fuerza que está actualmente en consideración del Congreso Nacional.
El experto señaló las dificultades que enfrentan las víctimas para que sus denuncias sean documentadas e investigadas, y la falta de reparación y resarcimiento adecuados, además del acoso y las represalias contra víctimas y testigos de muerte ilícita, así como los desafíos a la protección efectiva de estas personas.
Sin embargo, quiso celebrar la desmilitarización del sistema penitenciario e instó al Gobierno a establecer un sistema digitalizado unificado para registrar las muertes bajo custodia: «Todas las muertes bajo custodia deben investigarse de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016)».
«Responsabilizar a los perpetradores materiales e intelectuales de ejecuciones extrajudiciales no es una opción, sino una obligación bajo el Derecho Internacional», aseguró el experto, a lo que añadió que «es un requisito previo para el cumplimiento del derecho de toda víctima a la verdad, la justicia y la reparación por este crimen atroz. A tal efecto, ofrezco todo el apoyo de mi mandato», señaló. (Europa Press).
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