Un estudio de laboratorio realizado a una cantidad de comunarios del ayllu San Agustín de Puñaca, ubicado en el municipio de Poopó del departamento de Oruro, confirmó la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo en el organismo de esas personas y en cantidades preocupantes. Autoridades de ese sector presentaron esa evidencia de la contaminación minera y las repercusiones en la salud de la población, junto con un Recurso de Queja ante el Tribunal Constitucional.

En entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista y representante de los afectados, Teodoro Blanco, la comunidad convive con los centros mineros de Huanuni y la cuenca del Poopó, por lo que consume agua que llega desde esos sectores. En los últimos años notaron daños a la salud humana, a las praderas que los animales ya no consumen y por eso activaron una acción popular.

“Porque tenemos derecho a un medio ambiente sano y saludable y cuando este derecho es vulnerado por un actividad, empresa o persona natural, activamos este recurso (…) demandando al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Minería, a la Gobernación, para que cumplan su rol de proteger al medioambiente dañado por las actividades mineras que son casi un centenar en esta región”, explicó.

Esa acción popular tuvo una sentencia constitucional 1471/2022, en la que se determina que sí existirían serios indicios de daño al medioambiente y a la salud, por lo que dispone que se haga análisis a la salud humana y a las aguas para confirmar este hecho. Entonces, ordena que sea el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de esos estudios.

“Se lleva adelante muestreos de las aguas, conjuntamente a un estudio del Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) en La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente, inclusive, antes de socializar los resultados, emite un informe parcializado y no a través de personas expertas, sino técnicos del ministerio y dicen: se ha cumplido con la sentencia, las aguas analizadas no tienen ningún nivel de contaminación mucho menos a la salud humana, por lo tanto piden que se emita el cumplimiento a esa sentencia constitucional y piden que se dé por cumplido”, acotó el jurista.

Posteriormente, la sala constitucional de Oruro recibe ese informe y da por cumplido la sentencia constitucional, por lo que indican que “no hay nada más que tratar en este punto”.

Ante esa situación, los comunarios acuden a entidades como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda) y la Fundación Pueblos de Montaña, a la que también pertenece Blanco, para activar el Recurso de Queja, con muestras de sangre y orina, que son enviadas a analizar a un laboratorio especializado de Perú, porque no hay en Bolivia.

“En este laboratorio, los resultados que arrojan son realmente preocupantes para la salud humana, por ejemplo en el tema de arsénico, las normas internacionales recomiendan que no pueden superar más de 15 miligramos por litro, pero el laboratorio ha establecido niveles que llegan hasta 215 miligramos por litro”, apuntó Blanco.

Lo mismo pasa con el cadmio y el plomo, no será en las mismas dimensiones, pero superan todos los niveles permitidos para la salud.

Con esos elementos, el miércoles presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un dosier con toda la información y aguardan que la decisión de haber cumplido la sentencia constitucional sea revertida, se revoque esa decisión y nuevamente, “estamos pidiendo incluso una amicus curiae, que se refiere a una persona o institución especializada en el tema, para que realice una interpretación o nueva investigación imparcial del tema.

En este caso, los afectados piden que sean los expertos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los que hagan el análisis imparcial e interprete los resultados de los laboratorios.

RESULTADOS

En septiembre de este año, se realizaron hacer estudio en orina y sangre a 20 personas, de entre 43 a 74 años, de las más de 400 familias que viven en las comunidades Puñaca y Yuracari, del ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro. Las pruebas confirmaron una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%.

El investigador de Cenda, Yasin Peredo, detalló que el afluente al que tienen acceso el ayllu es parte del río Desaguadero y que a éste lo alimentan dos cuencas: la de Huanuni, donde está situada la empresa minera más grande del Estado, y la subcuenca minera de Poopó. Asimismo, dijo que el daño llegaría a más de un centenar de comunidades de esos sectores.

“Si bien el estudio se hizo en 20 personas, esto no quiere decir que ellas son las únicas afectadas, sino, que las fuentes de donde se alimentan la población de Poopó ha salido por encima de los límites permisibles, esto quiere decir que la población también están en riesgo por arsénico”, sostuvo.

Especificó que el arsénico también puede ser liberado en el aire y eso proviene de las minerías de fundición de minerales, práctica que realizan algunas mineras del sector.

De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro). Dichos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Tres personas presentan concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial.

En el caso de los resultados para plomo, cuatro personas presentaron niveles detectables en sangre, con 7,20 µg/L; una de ellas supera los niveles referenciales de la UE, que son de 5 µg/L. Así mismo, se detectó a dos personas que presentan niveles detectables de Cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.

COMPLICACIONES

Peredo, sostuvo que los pobladores orureños se quejaban de dolores estomacales, problemas gastrointestinales y se percataron que estaban vinculados al arsénico, pues ataca a ese tipo de órganos, además los hace susceptibles a algún tipo de problemas en la piel e incluso cáncer.

“La sudoración excesiva, por ejemplo, es un síntoma muy común del arsénico porque el sudor es una manera del cuerpo para eliminar el arsénico (…) otra manera es mediante la placenta, por eso se generan abortos espontáneos”, indicó el investigador.

Al respecto, detalló que 11 de las mujeres que se han hecho el estudio, el 63% de ellas han registrado que han tenido abortos espontáneos en algún momento de su vida, algunas hasta tres. Ese hecho “te hace dar cuenta que el arsénico sí tiene una incidencia y que tienes que hacer un diagnóstico clínico asociado a que es una zona minera”.

“Queremos que se entienda que no estamos en contra de la actividad minera, pero sí pedimos que sea responsable, que el Estado regule los niveles de contaminación máximos que deben emitir”, puntualizó el abogado.