El día 1 de octubre de 2018 se hizo conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), sobre la demanda de Bolivia contra Chile, para una salida soberana al mar, que había presentado Bolivia el 13 de junio de 2013. La demanda estaba basada en propuestas que históricamente había hecho Chile en varias oportunidades, por sus funcionarios, pero que no se realizaron con carácter oficial.
Como sabemos, el problema se inició cuando Chile el 14 de febrero de 1879 invadió militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, sin declaración previa de guerra. Por la guerra del Pacífico, Bolivia perdió su salida al mar y territorios sobre la costa, además de varios centros urbanos. En esa guerra además se vio involucrado el Perú, que tenía una alianza defensiva con Bolivia, precisamente porque Chile había demostrado, en varias oportunidades, su política de debilitar a Perú y Bolivia, como cuando atacó a la Confederación Perú Boliviana que había establecido el Mariscal Andrés de Santa Cruz.
La ciudadanía boliviana fue sorprendida cuando el entonces presidente Evo Morales Aima, anunció en un acto público recordatorio de la invasión chilena, que se plantearía un juicio ante la CIJ, máxima instancia de justicia de las Naciones Unidas. La demanda, por supuesto, provocó gran entusiasmo de ex presidentes, políticos oficialistas y hasta opositores. Fueron creadas comisiones y hasta una oficina especializada en el tema, Diremar y, por supuesto, hubo un gasto cuantioso que nunca se ha conocido.
A los abogados del Gobierno se adjuntaron abogados extranjeros, especializados en materia internacional, contratados con elevadas remuneraciones, como corresponde en esta clase de litigios. Ante el entusiasmo colectivo de unos y otros, solo dos voces pidieron cordura, la de la abogada internacionalista Karen Longaric y la de este articulista. En una nota publicada en EL DIARIO dije que, en materia jurídica internacional, los ofrecimientos son solo eso, lo que tiene valor jurídico son los tratados, acuerdos, etc., entre los Estados firmantes.
El fondo de la demanda boliviana contra Chile, ante la CIJ, era más un recuento histórico de acercamientos y ofrecimientos verbales o escritos, pero que no se plasmaron en acuerdos entre partes, por lo que el alto tribunal sentenció con referencia al punto 13 que: “La Corte concluye que el objeto de la controversia es si Chile tiene obligación de negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico”, y que “la Corte no puede concluir que Chile tenga obligación, de negociar el pleno acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia”.
El terminante fallo del alto tribunal de justicia internacional, si bien recomienda que las partes puedan conversar sobre el tema, cerró definitivamente el asunto del mar para Bolivia, por la vía jurídica, porque en su mismo fallo dispone que esa sentencia es: “inapelable, obligatoria e inmediata”. En términos jurídicos, “perdimos el proceso judicial ante un fallo definitivo, y nunca más podremos acudir a un tribunal alegando que Chile nos debe una salida al mar, que nos arrebató por la fuerza de las armas.
Desde que acabó la guerra del Pacífico, se creó una corriente de pensamiento de “recuperación del mar perdido”, y generaciones de bolivianos fuimos formados con ese pensamiento, que además produjo en el sentimiento boliviano rechazo y condena a Chile, por habernos arrebatado a la fuerza nuestro acceso al mar, con el que nacimos como República independiente.
Ya lo sentencio más de un filósofo político: “la memoria del pueblo es muy frágil”, pero parecía que la del asunto del mar era muy firme, hasta en partidos de fútbol se gritaba: ¡Viva Bolivia con su litoral! A los seis años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, nos preguntamos: ¿Cuál fue la razón para que el presidente Morales promueva la demanda? No queda duda que fue el interés de Morales Aima de quedarse en el poder por haber logrado recuperar el mar, es decir la ambición desmedida de poder que le destaca.

El autor es abogado, politólogo, escritor y docente universitario.