Tras el aplazamiento de la sesión de Cámara de Diputados en la que debía tratarse el Proyecto de Ley para modificar plazos para la preselección de candidatos a las Elecciones Judiciales, los miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) afirmaron que el oficialismo trata de forzar un “decretazo” para designar nuevas autoridades o mantener a las actuales cabezas de la justicia.

En conferencia de prensa, el diputado Enrique Urquidi reiteró que el actual estancamiento de esta normativa en la Cámara de Diputados responde una nueva pugna interna en el oficialismo, esta vez para definir qué facción se queda con mayores espacios de poder en la administración de justicia.

“Existe una pugna interna por quiénes coparán o quiénes tendrán la mayor cantidad de espacios en el Órgano judicial si los ‘evistas’ o los ‘arcistas’, esto es lo que tiene que conocer la ciudadanía”, dijo.

En este sentido, advirtió que desde el masismo se llevan adelante acciones para sabotear el proceso de las Elecciones Judiciales con la finalidad de forzar al Órgano Ejecutivo a optar por una salida vía decreto.

“Es el MAS el que está saboteando, son autores y promotores de un proceso fallido en el que no vamos a tener una nueva justicia porque no tienen la mínima voluntad de restructurarla”, sostuvo el parlamentario representante de Oruro.

Afirmó que la nueva estrategia es empantanar las modificaciones de plazos para que posteriormente sea un Decreto Supremo u otra figura la que defina la titularidad en las altas cortes. “Están buscando vía decretazo u otras salidas que tienen planeadas. No van a dejar pasar la oportunidad de mantener controlada a la justicia y no solo mediante decreto sino por imposición a la ALP o mediante la posibilidad de que el TCP abra la puerta para abortar el proceso judicial y sea el Órgano Ejecutivo el que decida quienes se quedan en estos espacios”, dijo.

En criterio de Urquidi, no deben quedar dudas de que el oficialismo ya cuenta con listas elaboradas de sus candidatos a jueces; sin embargo, es la actual pugna interna en esta organización política, la que les impide proceder con este plan.

“Nos están llevando a eso por la decisión que ellos mismos han tomado. A los que menos les interesa cambiar la justicia es a los del MAS porque este sistema les sirve y les es funcional para la persecución política contra la oposición y para la vulneración de los derechos humanos”, indicó.

Por su parte, la senadora Silvia Salame, insistió en que la ley que se trata en la Cámara de Diputados no es la solución a la problemática de la justicia porque no se puede hablar de fechas sin que se tenga certeza y seguridad jurídica sobre los reglamentos para el proceso.

Por ello, se sumó a los criterios que apuntan a planes para empantanar los comicios judiciales y forzar la designación vía decreto. “Parecería ser que acá hay una mano negra que pretende arrinconar al presidente para que tenga que dictar un decreto nombrando o prorrogando el mandato de ellos (jueces). Eso jamás puede suceder, porque el modelo de la Constitución actual establece que quien elige es el pueblo”, expresó.

Consultada sobre los responsables detrás de este plan, la parlamentaria apuntó al líder cocalero, Evo Morales y sus colaboradores cercanos, de estar detrás de las acciones para llevar al fracaso el proceso, además lamentó que esta posibilidad llegue a concretarse.

“Si el Presidente toma una decisión así prácticamente estaría dando un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, al Órgano Electoral y se vulneraria el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos”, concluyó.

El jueves, la sesión de Cámara de Diputados convocada para tratar el Proyecto de Ley 363 que “Garantiza el Proceso de Preselección y Elección para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023”, fue declarada en cuarto intermedio, sin fecha ni hora, para su reinstalación, ante la evidente división interna en el oficialismo que impidió avanzar en el tratamiento.

Desde la oposición, se atribuyó este aplazamiento a la división entre los bloques del oficialismo, sobre todo en los intereses de los leales a Morales para obstaculizar el proceso sin contar con argumentos concretos.

Oficialistas reconocieron la existencia de criterios divididos y apuntaron a una reunión de bancada como la solución a este empantanamiento y otros problemas internos.