La mayoría opositora de la recién disuelta Asamblea Nacional de Ecuador aún confía en poder revertir el decreto del presidente Guillermo Lasso para volver a sus funciones y continuar el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario, aunque la autoridad electoral ya anticipó que los nuevos comicios podrían celebrarse el 20 de agosto.

La última palabra, sin embargo, la tiene la Corte Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre las apelaciones de los opositores y que suele demorar en dar sus fallos.

El extitular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó ayer que presentó una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había en el país conmoción social.

Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

Pero el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, argumentó en rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda «a juicio, criterio, discrecionalidad y fundamentación del jefe de Estado» y que no requiere la aprobación de ningún organismo.

Tras la disolución de la Asamblea Lasso puede gobernar hasta por seis meses mediante decretos sobre temas económicos y administrativos, siempre con la aprobación de la Corte Constitucional.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dijo que ese organismo tiene hasta el 24 de mayo para convocar a elecciones, que se realizarían el 20 de agosto y el 15 octubre, en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta.

Los elegidos en las elecciones anticipadas sólo estarían en sus cargos hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025.

Saquicela acusó al gobierno de «inoperante, incapaz de resolver los problemas reales de los ecuatorianos» en temas de salud, vialidad y seguridad y agregó: «No quiero justificar si la Asamblea fue buena o fue mala, lo que defiendo es el marco constitucional y la institucionalidad”.

Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que afrontar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017). (Infobae).