La diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, calificó como irresponsable la decisión unilateral del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), sobre levantar la vacunación para prevenir la fiebre aftosa en el departamento de Santa Cruz, porque se pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía departamental.

Esta semana, el diputado por Creemos Walthy Egüez, denuncio que el Gobierno ha dejado al descubierto su intención de afectar al aparato productivo de Santa Cruz, mediante la suspensión de la vacuna contra la fiebre aftosa y el racionamiento en el suministro de diésel para la agroindustria, calificando las medidas como acciones coordinadas para desmantelar el sistema nacional de producción.

En este sentido, advirtió que suspender la vacunación contra la fiebre aftosa, pone en riesgo la seguridad alimentaria, las exportaciones y las fuentes de empleo que genera la industria ganadera que por muchos años ha trabajado para ser competitiva en el mercado internacional.

“Sospechamos que es una acción coordinada para matar el aparato productivo suprimiendo la vacuna contra la fiebre aftosa se está poniendo en riesgo la seguridad alimenticia, quienes demandan más diésel es el aparato productivo cruceño”, apuntó.

Al respecto, la diputada María René Álvarez, calificó como irresponsable la decisión unilateral del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, porque se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la economía departamental.

La disposición del Senasag fue anunciada como parte de la “senda progresiva para erradicar la fiebre aftosa”, bajo el argumento de que el virus ya no circula en el departamento de Santa Cruz, que es donde todavía se aplica la vacunación.

La legisladora, representante de la Chiquitanía, donde se concentra el 70 por ciento del ganado vacuno del departamento cruceño, expresó su preocupación por los posibles riesgos que implicaría dejar de vacunar a los animales y que se presente un brote que derive en una emergencia sanitaria.

Asimismo, rechazó la posición unilateral que tomó el Senasag, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que no consultó esta medida con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz ni acudió al Consejo Departamental de Ganadería, en el departamento que tiene el 45 por ciento de la población bovina del país con 4,8 millones de cabezas de ganado de las 10,6 millones registradas en Bolivia.

En ese contexto, presentó una Petición de Informe Escrito al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles Atila, para solicitar la documentación que supuestamente respalda la medida asumida.