Tras haber acudado al Movimiento al Socialismo (MAS) por intentar imponer un reglamento que ratifica un “pasanaku de cargos” en el Órgano Judicial, los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) adelantaron, en el parlamento, que esta organización política no será funcional a una trampa del oficialismo y exigieron que su Proyecto de Ley de Garantías sea remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

En conferencia de prensa, senadores y diputados de CC lamentaron el reciente rechazo de la propuesta planteada por esta organización política para garantizar transparencia en el proceso de selección de nuevas altas autoridades del Órgano Judicial, por parte de la Comisión de Constitución.

“Este proyecto era una garantía para el país para establecer parámetros claros, que no exista un ‘pasanaku’ de cargos, que se respeten los votos blancos y nulos pero además que se descentralice la preselección para que después sea la Asamblea la que ratifique esta determinación” sostuvo la senadora Andrea Barrientos.

Barrientos adelantó que la bancada de CC no dará paso a un reglamento con el que el oficialismo pretende ratificar su control sobre la justicia y mediante el que se viabilicen unas elecciones judiciales con los mismos, o peores vicios, que en los procesos de 2011 y 2017.

“No vamos a blanquear un proceso de selección de magistrados donde el MAS tiene todas las cartas echadas y todas las posibilidades dadas. Quieren imponer un reglamento hecho a la altura del oficialismo. Es peor que los dos anteriores y ratifica el pasanaku de cargos”, afirmó la senadora.

Agregó que bajo los términos y condiciones que plantea el MAS, el hecho de ir a votar no significaría estar eligiendo nada, por lo que la principal fuerza de oposición en el parlamento no será parte de “una farsa de elección judicial” y debe ser la ciudadanía, mediante movilizaciones, la que exprese el rechazo a estos planes.

Por su parte, el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC en Diputados, observó que la línea del MAS es mantener la subordinación de la justicia, sin que exista la mínima voluntad política para transformar y reestructurar el actual sistema judicial.

En ese marco, anunció que mediante una nota oficial a la presidencia de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, se exigió que el proyecto rechazado por esta instancia sea remitido directamente al pleno de la Cámara de Diputados.

“Es el pleno camaral el que debe definir el destino de nuestro Proyecto de Ley y no solo el rechazo tramposo y amañado que se ha realizado en la Comisión de Constitución de diputados”, indicó

Añadió que desde la oposición no se permitirá que el país nuevamente acuda a las urnas para elegir autoridades judiciales que fueron seleccionadas bajo criterios netamente políticos.

“Lo que está claro es que no vamos a ser funcionales a una trampa a la que nos quiere llevar el Movimiento al Socialismo para repetir el fracaso del 2011 y 2017 en elecciones con candidatos digitados, preseleccionados mediante criterios de orden político antes que la meritocracia y la trayectoria”, cuestionó Urquidi.

El pasado jueves, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó los proyectos de preselección presentados por las fuerzas de oposición, entre ellas, el Proyecto de “Ley de garantías” de CC.

Según el presidente de esta comisión, diputado Juan José Jáuregui, ambas iniciativas eran inconstitucionales, pues proponían despojar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de una de sus atribuciones.

Así mismo, sostuvo que se debe trabajar en la elaboración de un reglamento de selección en el que se promueva una convocatoria abierta para todos los profesionales abogados que cumplan con los requisitos y trayectoria acorde a los cargos en cuestión.

Desde la alianza Creemos, el Diputado Erwin Bazán sostuvo que el rechazo del oficialismo a las propuestas de selección de postulantes formuladas por Comunidad Ciudadana y Creemos se trata de una pésima de señal en sentido de que el MAS “pretende un reglamento a su medida” para contar con magistrados que se presten a sostener un sistema de administración de justicia corrupto, a la persecución política y al chantaje.