Asegurando que se intenta implantar cuatro figuras penales en la legislación boliviana, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, advirtió que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) busca criminalizar la protesta social con sanciones de hasta 25 años de cárcel, mediante una ley que incorpora los mismos lineamientos de otros proyectos de norma que fueron rechazados por la población anteriormente.

En conferencia de prensa, el legislador paceño expresó la preocupación de la principal fuerza de oposición en el parlamento ante nuevos intentos del poder para aprobar normativas en las que se vulneran derechos de la ciudadanía y pueden convertirse en instrumentos de persecución contra toda persona que ejerza su derecho a la protesta.

“Nuevamente se quiere tratar la Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ampliamente rechazada por la población el año pasado”, alertó el parlamentario.

Alarcón advirtió que desde la Comisión de Constitución, instancia controlada por el oficialismo, se pretende tratar y aprobar nuevas normativas que cuentan con similares características a las de la denominada “ley maldita”, en este caso, bajo el nombre de ley 280.

“Nuevamente vuelven a la carga para tratar el Proyecto de Ley 280. El problema es que con cuatro figuras penales se intenta implantar una dictadura en el país”, dijo, detallando que estos tipos penales son terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, además del decomiso y confiscación de bienes.

Precisó que, por la forma en que se encuentran redactados estos proyectos, sobre todo con el tipo penal de “terrorismo”, se trata de criminalizar la protesta social, para que cualquier autoridad, juez o fiscal, pueda denunciar a grupos que cumplen medidas de presión, como ocurre en la actualidad con el magisterio. En este caso particular, pueden ser acusados de estar intimidando a algún sector de la población con el objetivo de que no se realice un acto del gobierno nacional, como la aplicación de la malla curricular.

Añadió señalando que si esta medida se aplica, toda acción que restrinja libertades, como la circulación en vía pública, sería considerada como un acto de terrorismo, que amerite una sanción de entre 20 y 25 años de prisión, además de la confiscación de bienes a las personas que sean condenadas en primera instancia, sin contar con sentencia ejecutoriada.

“Con esta forma de redacción se está criminalizando el derecho constitucional a la protesta”, indicó, adelantando que ningún sector social, profesional o ciudadano, podrá tener posibilidades de expresarse mediante una protesta.

En cuanto al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, Alarcón advirtió con intentos para ampliar esta figura a cualquier delito que tenga que ver con temas tributarios, medioambientales, actividades mineras ilícitas, compra y venta de minerales considerados ilegales, mismos que tendrían una pena de 15 a 20 años de privación de libertad.

“No necesitarán iniciarte juicio por el delito principal (legitimación), de manera separada y autónoma te condenan por el delito accesorio autónomo y te pueden meter a la cárcel confiscando tus bienes”, dijo.

Alarcón agregó que en el caso del “financiamiento al terrorismo”, las sanciones alcanzarían hasta la cancelación de la personalidad jurídica de empresas acusadas por supuestamente haber participado en transacciones u otros convenios con grupos sociales que ejecuten cualquier tipo de protesta.

“Con esto vamos a paralizar la actividad civil, comercial, económica y todos los bolivianos vamos a tener que andar con el testamento bajo el brazo”, lamentó el legislador de oposición, adelantando una férrea defensa del derecho a la protesta, en todos los ámbitos que corresponda.

El legislador finalizó afirmando que esta es otra razón para exigir que el proceso de selección para postulantes a altos cargos judiciales sea transparente y despolitizado.