La millonaria indemnización del Gobierno a la empresa chilena Quiborax ($us 42.6 millones) por la reversión de concesiones de explotación de ulexita en el Salar de Uyuni el 2004, abrió dudas en el empresariado privado del país a raíz de las denuncias del expresidente Carlos Mesa, en sentido de que la defensa de la Procuraduría fue un “desastre” al no haber concretado un preacuerdo.
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