Hace unos días atrás, el presidente Luis Arce Catacora escribió por Twitter que presentó un proyecto de ley para la devolución de los aportes, con el fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia aliviar y ayudar a la reactivación de la economía.

Rolando Kempff, presiente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), hace un análisis técnico sobre la temática, y señala preocupación por los posibles efectos negativos de la evolución de aportes sobre el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

El economista Gonzalo Chávez y docente de la Universidad Católica Boliviana, en entrevista en el programa Contacto Bolivia, señaló que los países de Chile y Perú ejecutar la devolución debido a las inversiones que hicieron en el exterior y en su mercado interno, mientras que Bolivia no tiene esa capacidad.

Explicó que la legislación boliviana señala que el dinero de las AFP deben ser invertidos en Bolivia, y en el país no hay mercado desarrollado para mover montos significativos. ¨Informó que aproximadamente el 70 % de los recursos de las AFP están en manos de los bancos.

De acuerdo al proyecto de ley, las fuentes de financiamiento deberán estar disponibles a partir de la publicación de la ley. La norma plantea tres formas: mediante la disponibilidad acumulada y los recursos de liquidez en los fondos del SIP administrados por las AFP; los vencimientos de la Cartera de Inversiones del SIP; y la recaudación del SIP que debe mantenerse como recursos de liquidez para la devolución parcial o toral de aportes.

Los empresarios expresaron su preocupación por la norma enviada a la Asamblea, debido a que pondría en riesgo créditos al sector productivo, y debilitaría el sistema financiero.

Preocupación

“Como Cámara Nacional de Comercio (CNC–Bolivia) nos preocupa que al momento de generar esta propuesta no se haya tomado en cuenta factores que podrían desestabilizar el Sistema Integral de Pensiones (SIP) y el Sistema Financiero en el país”, mencionó Rolando Kempff.

Señaló que va a ser muy importante conocer de parte del Órgano Ejecutivo, si se ha realizado algún estudio actuarial, que respalde y garantice la factibilidad de esta devolución de aportes y ésta no afecte la sostenibilidad de la seguridad social de largo plazo y consecuentemente las pensiones para la jubilación actual y futura.

“Se debe considerar que todo sistema funciona como un conjunto de elementos relacionados entre sí, por lo cual se debe tender a mantener el equilibrio necesario de esos elementos que garantice la estabilidad al mismo”, enfatizó Kempff.

El SIP debe garantizar a todos los bolivianos, el acceso a la seguridad social de largo plazo mediante una jubilación digna. “Por tal motivo, nuestra preocupación debido a que una posible devolución, sea parcial o total, de los aportes, podría desestabilizar el SIP y alcanzar con sus efectos al Sistema Financiero del país”.

Recordó que “el total de aportes en el SIP está alrededor de los 20 mil millones de dólares, de los cuales más del 98 % están invertidos en diferentes instrumentos financieros, como depósitos a plazo fijo en entidades del sistema financiero boliviano, bonos, etc., por lo que únicamente un poco más del 1 % correspondería a recursos de alta liquidez, siendo estos insuficientes para cubrir con la demanda esperada en la aplicación de esta medida…”.

No menos importante es considerar que esos recursos gestionados por las administradoras de fondos de pensión han sido invertidos en entidades del sistema financiero boliviano, y estos han permitido acomodar créditos al público bajo características muy adecuadas, como bajas tasas de interés y amplios plazos de financiamiento, por lo que un posible retiro de esos recursos, sumado a la reciente medida de diferimiento y período de gracia, podrían comprometer la liquidez del sistema.

Además, los niveles de inversión y empleo podrían verse comprometidos, puesto que las administradoras de fondos de pensión también financian al sector productivo del país a través de inversiones en bonos bursátiles de las empresas, enfatizó Kempff.

Actualmente, el SIP está compuesto aproximadamente por un poco más de 2.4 millones de personas que aportan, el 54 % a la AFP Previsión y 46 % a la AFP Futuro, de los cuales el 62 % son hombres y 38 % mujeres. Haciendo un análisis de los últimos 10 años, se puede verificar que el porcentaje anual de crecimiento de aportantes ha ido disminuyendo de forma preocupante, los últimos 4 años pasados la tasa promedio de crecimiento estuvo alrededor del 4 %; siendo que los pasados 6 anteriores a ese periodo la tasa promedio de crecimiento estuvo por encima del 7 %. Con la posible aplicación de la medida propuesta, éste indicador para los años futuros podría ser mucho más desalentador y debilitaría el SIP, indicó el líder empresarial.

Ante este delicado escenario, como sector empresarial, ratificamos nuestra plena disposición a trabajar en articulación público – privada en bien de todos los bolivianos, para generar medidas integrales que coadyuven la efectiva reactivación económica y del empleo, y siempre con la visión de lograr mayor desarrollo económico y social de nuestro país, concluyó Rolando Kempff.

Aportantes

Entre tanto, los aportantes que impulsaron la devolución de los aportes, rechazaron la devolución de 15 % propuesto por el Gobierno, y calificaron a la propuesta de discriminatoria.

Además, el sector solicita formar parte del análisis del proyecto de ley, ya que argumentan que son sus aportes los que se ponen en juego.

Excluidos de la devolución

Los que están en trámite de jubilarse.

Los que perciben una remuneración del sector público y privado

Y los que hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público.

Beneficiarios

Devolución parcial de 15 % de su saldo acumulado será para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a 100.000 bolivianos.

La devolución del 100 % para aquellos que tengan en su cuenta previsional un monto menor o igual a 10.000 bolivianos