La Cepal señala que los países de la región se siguen caracterizando por una gran heterogeneidad en los niveles de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con las últimas estimaciones de la Cepal para 14 países, con datos hasta 2019, se reconocen al menos tres grupos de países. Un primer grupo, conformado por Chile y el Uruguay, presenta niveles de pobreza bajos, en torno al 10 % o inferiores, y de pobreza extrema por debajo del 2 %.
Un segundo grupo de países, de niveles de pobreza medios, presenta tasas de pobreza en torno al 20% y de pobreza extrema de alrededor del 5%. Conforman este segundo grupo la Argentina, el Brasil, Costa Rica, el Ecuador, Panamá, el Perú, la República Dominicana y El Salvador.
Por último, es posible distinguir un tercer grupo de países con niveles de pobreza más elevados, en los que la tasa de pobreza iguala o supera el 30% y la tasa de pobreza extrema se sitúa por encima del 10% (Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, México y Honduras).
En un nuevo informe anual, la Cepal estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior.
La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del Covid-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales.
Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.
Según las nuevas proyecciones de la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7 %, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 % y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7 % de la población.
Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.
El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos.
Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares.
Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin estas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8 % y la pobreza el 37,2 % de la población.
“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena.
La Cepal precisa que, en el corto plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.
También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.
Empleo
El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del Covid-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7 % al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1 %).
Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo han afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.
Bolivia, en los últimos años, tuvo un avance moderado en la reducción de la pobreza, según señala el organismo internacional.
“Entre los países con una reducción moderada de la pobreza, el incremento de los ingresos laborales fue el factor más importante en Panamá, el Perú, México y el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala.