Una de las primeras autoridades que puso el tema del Puerto Seco en la agenda oficial, fue el ex prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, quien contrató a la empresa Prointec S.A para el estudio. Según publicaciones de ‘prensa, Aguilar habría pagado Bs 10.3 millones, beneficiando a la consultora, tal la denuncia de la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo, en agosto de 2009. La autoridad que respondía a las filas del MAS, incurrió en graves irregularidades en este tema, por lo que fue procesado y privado de libertad.
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