Según el documento del Cipca, el plan no sólo debe mejorar la capacidad de control y fiscalización de madera ilegal de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y las Unidades Forestales Municipales (UFM) también debe contemplar la adopción de una política de compra correcta por parte de las instituciones públicas, para garantizar que el propio Estado no promueva la tala de almendros mediante la compra de recursos maderable.
No se encontro contenido.