El proyecto de ley de Código del Sistema Penal Boliviano (libro primero, capítulo VI) trae consigo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y lamentablemente, de acuerdo con su redacción posee una alta intencionalidad de criminalizar a las personas jurídicas, además de implementar un régimen confiscatorio (contrario a la Constitución Política del Estado) de responsabilidad penal de forma directa y general hacia ellas con sanciones pecuniarias que pueden llegar hasta el 20% de su patrimonio neto sumado a establecer como pena máxima la eliminación de estas, esto es, la pérdida definitiva de su personalidad jurídica (art. 78 del proyecto de ley).
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