La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia asegura que el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, por su ambigüedad e imprecisiones en su redacción, pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad.

“La decisión del Gobierno nacional de incorporar en nuestra legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”, señala el comunicado de los empresarios.

Incluso la investigación por la presunta comisión de cualquier delito debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden, aseguran.

La posición crítica de más de una veintena de organizaciones de la sociedad, que por su legitimidad y representatividad merecen respeto y atención, así como la opinión de reconocidos juristas –reflexionan– evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al Gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan atender la preocupación del pueblo boliviano.

Además, señalan que las serias falencias e impactos que tendría esta ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento, a quienes hemos hecho llegar el detalle de nuestras observaciones puntuales, en días pasados.

“Estamos seguros que las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía que, en definitiva, es la razón de ser y el bien mayor que todos perseguimos”, sostienen.

Los empresarios solicitan la suspensión del tratamiento del proyecto de ley 218/2020 – 2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre todos los actores involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado.

Los empresarios expresaron públicamente su profunda preocupación por el contenido del “proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento, además señala que contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales.