En conferencia de prensa, el gerente General de la CNC, Gustavo Jáuregui, dijo que el problema perjudica al sector del transporte, no sólo de importación, sino también de exportación, ya que están varados más de mil contenedores, sin poder ser movilizados.

Señaló que la Cámara fue la primera en alertar esta situación, y espera que el director de la ASPB cumpla con su función y responsabilidades, alcanzar un acuerdo con la TPA y facilitar el comercio internacional de Bolivia.

Lamentó que, en vez de aprovechar la demanda internacional debido a la recuperación de las economías desarrolladas, la entidad estatal sólo perjudique el comercio nacional.

Las cámaras, en su pronunciamiento, señalan que por “falta de pago por los servicios portuarios al Administrador del Puerto, los cuales siempre se han pagado por anticipado a la ASP-B, representante e intermediario de los servicios a la carga boliviana de importación en el puerto”, no se atienden los despachos.

Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo y conciliación con ASP-B para que esta empresa pública cumpla con las funciones establecidas en el Decreto Supremo No. 2406, nos encontramos en una situación crítica con más de 15.000 toneladas inmovilizadas en el puerto de Arica ante el incumplimiento por parte de ASP-B que no transfirió el monto cobrado al empresario boliviano, que incluye la tarifa pública establecida por el puerto.

La errática política de negociación de tarifas llevada a cabo por ASP-B se ha traducido en un callejón sin salida que obliga a los empresarios a pagar costos por sobreestadía por la imposibilidad de movilizar la carga desde el puerto generando una pérdida para la logística nacional de más de 80.000 dólares por día.

Como alternativa de solución a este conflicto, y en cumplimiento de la normativa nacional, varias empresas tomaron la decisión de realizar un doble pago al puerto de Arica y a ASP-B a fin de liberar la carga.

Lamentablemente, la ASP-B tomó la decisión unilateral de negar la emisión del DPU-B y de la liquidación portuaria, impidiendo de esta manera el tránsito de la mercadería hacia el país, lo cual está entorpeciendo el flujo regular de las mercaderías de y hacia Bolivia, generando un perjuicio no únicamente al importador sino también al exportador boliviano y al resto de operadores de la cadena logística de comercio exterior.

La ASP-B, al no brindar servicio alguno y al no cancelar al puerto un servicio previamente cobrado al empresario boliviano, además de negar la emisión de documentación que tiene la obligación de emitir, estaría incumpliendo sus deberes establecidos por su propia normativa, además de vulnerar los convenios suscritos por Bolivia en instancias internacionales como el Acuerdo de Facilitación del Comercio rubricado ante la Organización Mundial del Comercio y el Tratado de 1904 que establece el libre tránsito de mercaderías, posición que defiende el Estado de Bolivia.

La situación actual demuestra que se deben buscar soluciones estructurales de fondo que garanticen el flujo normal del comercio exterior boliviano, reflexionando sobre la pertinencia de contar con una empresa pública que a todas luces incumple sus deberes formales y se convierte en un elemento de pérdida de competitividad del país.

Ante este crítico panorama, instamos a la Gerencia Ejecutiva de ASP-B a cumplir con las funciones establecidas en la normativa vigente y resolver de manera inmediata el conflicto suscitado para evitar generar más pérdidas al sector empresarial de Bolivia y cumplir con los objetivos definidos en el plan de reactivación de la economía nacional que promueve el Gobierno Nacional, señala el pronunciamiento.