«La piratería digital es un delito criminal, explota y promociona de manera ilegítima productos o contenidos audiovisuales. Su afectación va directamente a creadores de contenido, empresas de telecomunicaciones y autoridades fiscales», señala una nota de prensa de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo).

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), ha identificado que la industria audiovisual es la más afectada por esta práctica fraudulenta, debido al incremento de portales ilegales de streaming e IPTV (televisión por protocolo de internet), además de la venta de claves de acceso para las plataformas de series, películas, música, deportes, videojuegos y libros digitales en formato ebook. Estos servicios que corrompen la ley son denominados ciberdelincuencia.

El presidente de CERTAL, Pablo Scotellaro, manifiesta que el centro está orientado a atender las necesidades de sus socios estratégicos y sociedades en su conjunto, por ello, se posicionó como un aliado para las empresas que sufren el flagelo de la piratería, al trabajar en concientizar, a nivel Latinoamérica, los daños que abarca este delito y salvaguardar la propiedad intelectual.

«La piratería digital, más allá de afectar económicamente a las empresas, genera un menor pago de impuestos y causa daño directo a los países, porque las pérdidas se traducen en oportunidades laborales que no se generan», acota Scotellaro.

Pérdidas

millonarias

En Latinoamérica, se pierden millones de dólares producto de la piratería. El estudio «Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales» publicado por el Centro Cet.la, revela que las pérdidas oscilan alrededor de los 733 millones de dólares, anualmente. Además, aclara que, de los aproximadamente 223,3 millones de usuarios de internet en el mundo, un 50 % accede a sitios que distribuyen contenidos pirateados.

El crecimiento constante e incontrolable de la tecnología hace que con frecuencia surjan nuevos servicios de piratería que no van acompañados de leyes que tengan impacto en su funcionamiento y/o regulación.

Consumidor

Los sitios operados por piratas ofrecen acceso a contenidos que han sido robados de un operador y que son protegidos por licencias de propiedad intelectual. Por su lado, los usuarios no tienen garantías de la calidad del servicio y corren el riesgo que los sitios repentinamente dejen de funcionar.

«El dinero que se paga para estos servicios piratas puede ir a cuentas bancarias con vinculación al blanqueo de capitales, incluso, los sitios por lo general contienen códigos maliciosos que afectan el funcionamiento de los equipos y pueden robar datos del usuario», concluyó el ejecutivo.