A pesar de los esfuerzos de los países en desarrollo por salir de la crisis y frenar la propagación de la covid-19, la informalidad laboral y económica limita el accionar de las naciones para encarar la pandemia, según una reflexión de los organismos internacionales.

La informalidad de Bolivia se calcula que está entre las más altas de la región por encima del 50 %, y la misma habría incrementado debido a la pandemia, que provocó cierre de empresas y desempleo.

La informalidad es un fenómeno extendido en los países en desarrollo, en donde se calcula que el 70 % de los trabajadores y el 30 % de la producción se encuentran fuera de la economía formal.

La informalidad laboral y económica limita los esfuerzos de los países por frenar la propagación del covid-19, proteger a los trabajadores e impulsar el crecimiento económico, según el Banco Mundial.

Pero también la informalidad es una fuente de ingresos crucial para quienes no pueden encontrar un empleo formal, especialmente durante la pandemia. Por su propia naturaleza, se trata de un problema complejo que no puede abordarse únicamente mediante políticas públicas, sino que requiere un enfoque integral y multidimensional.

América Latina y el Caribe tiene uno de los mayores porcentajes de informalidad del mundo; abordarlo se ha convertido en una cuestión urgente en las circunstancias actuales.

Para contribuir a esta conversación crucial, y para examinar las posibles respuestas al problema, el Banco Mundial ha convocado a los mejores expertos y a los líderes de los sectores público y privado a un panel de debate virtual, para el próximo 29 de junio.

La entidad internacional afirmó, el pasado 17 de junio, que las crisis económicas como la que América Latina y el Caribe padece en este momento, tienen efectos duraderos sobre la estructura del empleo y podrían expulsar a muchas personas permanentemente de la economía formal.

Los empresarios de Bolivia, a través de sus instituciones, plantearon al Gobierno medidas para reactivar la economía, pero también avanzar en la formalización del empleo, y reducir la informalidad, para lo cual plantearon flexibilidad laboral, incentivos tributarios, una disminución del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) y reducir los trámites burocráticos.

Planteamiento que aún no tiene respuesta, ya que el Gobierno en vez de crear un ambiente para la formalización, apunta a la expansión del gasto, y busca dinamizar la demanda interna, que a la fecha no dio el resultado deseado.

Crisis

Las crisis anteriores tuvieron un mayor impacto en el empleo formal, mientras el empleo informal actuaba en parte como amortiguador, dada la ausencia en la mayoría de los países de un seguro de desempleo.

Sin embargo, en esta crisis parece haber ocurrido lo contrario. Las tasas de participación en la fuerza de trabajo cayeron bruscamente y esa caída fue proporcionalmente mayor entre los trabajadores informales. No obstante, hay heterogeneidad en la región. Las cifras de Perú y Bolivia sugieren que allí la informalidad absorbió parte de los nuevos desempleados, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 denominado “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, presentado la semana pasada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el mismo indica que 8 de cada 10 bolivianos subsisten de la economía informal, cuya situación compromete su acceso a sistemas de seguridad social (principalmente salud y educación) y mejores opciones laborales, más competitivas y mejor remuneradas.

El informe también señala que la región de América Latina y el Caribe es la más desigual del mundo, y tiene un lento crecimiento.

El bajo crecimiento es consecuencia de la baja productividad y de su mala dinámica Dejando de lado la volatilidad, señala el informe del PNUD.

Por su parte, el Banco Mundial, en su informe El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-Covid-19, señala que la pandemia impacta mayoritariamente a los trabajadores poco calificados y también exacerba la de por sí elevada desigualdad de la región.

Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación.

En promedio, luego de tres años una recesión genera una pérdida neta de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción en el empleo formal de hasta 4%.

Asimismo, dos tercios de los países de la región carecen de programas de seguro de desempleo. Con el fin de minimizar las secuelas a largo plazo, los gobiernos deben poner en marcha políticas para apoyar la reactivación sostenible de la economía y facilitar la recuperación del empleo.

El primer paso clave es avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock.

Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario menos distorsionado, gasto público más eficiente, sistemas previsionales financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera línea de defensa ante las crisis, señala la entidad internacional.