Dijo que la dotación y distribución de tierras es una competencia exclusiva del nivel central por ser un recurso natural estratégico y las tierras fiscales son para dotación gratuita a campesinos, indígena originarios, interculturales, afro-bolivianos y comunidades colectivas de forma gratuita.

La semana pasada, el Gobernador de Santa Cruz, así como las instituciones representativas del departamento, lamentaron la ausencia del director del INRA y calificaron la ausencia como un hecho político, y no técnico, por ello surgió comisiones para denunciar a nivel internacional el manejo político de la dotación de tierras y la defensa de la propiedad privada, así como el inicio de un juicio al titular del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Núñez manifestó que la semana pasada, Camacho intentó instalar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD) sin cumplir la formalidad prevista en el artículo 8 de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria.

Afirmó que Camacho se mueve bajo la lógica que cada Gobernación debe tener un INRA departamental y olvida que esa figura fue debatida durante el proceso constituyente y una vez aprobada la Constitución, ya es un tema superado y no hay lugar a discusión.

Explicó que, por ese motivo, el INRA no asistió a la reunión convocada por Camacho porque, además, según la Ley, para hacer funcionar la Comisión Agraria Nacional deben ser convocados representantes de las confederaciones de Campesinos, Cidob, Conamaq, Bartolinas e Interculturales.

Esas mismas organizaciones deben participar de la Comisión Agraria Departamental y no fueron convocadas y para que puedan asistir, deben ser acreditadas por el INRA. Dijo que Camacho intentó instalar la CAD acreditando representantes a través de la Comisión de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz y eso fue considerado ilegal.

Pero más allá del extremo, Núñez ratificó que mientras el Gobernador intente utilizar la CAD para confrontar organizaciones en la Chiquitania en Santa Cruz o polarizar políticamente con el gobierno central, el INRA no va a participar en esos espacios y se relacionará directamente con las confederaciones habilitadas por ley.

Recordó que la CAD fue importante en su momento para tener sugerir y generar espacios de encuentro entre los actores relacionados con el acceso de la tierra, pero luego se volvió en un mecanismo para vulnerar derechos de acceso a la tierra y esa actitud fue rechazada por el INRA.

Explicó que, en Santa Cruz, la estructura de la tenencia de la tierra está bastante equilibrada entre los cinco pueblos indígenas guaraní, chiquitano, ayoreo, yuracaré mojeño y guarayo que tienen 5.3 millones de hectáreas que representa el 16 %, sectores campesinos 16 %, medianos y grandes propietarios 19 % y 49 % son tierras fiscales no disponibles.

Anunció que cualquier distribución será en el marco de la Constitución y no se entregarán tierras en espacios fiscales disponibles, por lo que pidió a los propietarios legales tener la seguridad jurídica que el INRA les ofrece. (El Diario Y Erbol)