El dirigente gremial indicó que el Gobierno no quiere dialogar sobre el tema y señaló que se reunió con el sector, pero que no fue invitado, por lo tanto, se desconoce la propuesta gubernamental, ya que atenta a la actividad económica de las personas, establecido en la Constitución Política del Estado.
Pero no es el único sector que está en desacuerdo a la propuesta gubernamental, el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.
Los cooperativistas mineros rechazaron el lunes el proyecto de ley y advirtieron que la norma sólo busca perseguir a las personas que trabajan, como el sector, en la explotación de oro, y solicitaron al Presidente Luis Arce reflexionar, de lo contrario se verán en las calles.
Los choferes de El Alto también dieron plazo al gobierno para retirar el proyecto de Ley, de lo contrario anuncian una movilización masiva a nivel nacional y un paro indefinido.
En ese orden los gremialistas salieron a las calles el lunes pasado exigiendo la anulación de la norma, y pese a declaraciones y aclaraciones de las autoridades económicas del gobierno, los sectores y abogados expertos en la materia aseguran que las normas violan la Constitución Política del Estado, ya que permite discrecionalmente incautar, ser investigado a sola denuncia e incautación de los bienes.
El Gobierno asegura que la norma no tiene relación con la aplicada en Venezuela, pero la oposición demostró que tiene parecido y que la misma se quiere aplicar para someter al pueblo boliviano, no sólo a las personas de la oposición, inclusive los masistas están en la lista.
Por ejemplo, los cooperativistas señalaron que el artículo 18 de la norma genera incertidumbre en el sector, ya que a simple solicitud buscarán información obligatoria, de esta forma se viola la libertad económica, señalan.