En 2001, el Decreto Supremo 26335 estableció otorgar en concesión temporal del Servicio Público de Registro de Comercio por un plazo de 20 años al Consorcio para el Registro Mercantil (Fundempresa), que fenece este próximo 29 de septiembre.
“Nuestro Gobierno nacional trabaja en la recuperación de la economía y la reactivación del aparato productivo y pasa por garantizar la seguridad jurídica de nuestros emprendedores. Por tanto, el Registro de Comercio, que mejor ahora, va ser administrado y garantizado por el Estado”, manifestó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
El titular de Desarrollo Productivo socializó, la semana pasada, el proyecto de ley en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, en la ocasión la autoridad dijo que el sector empresarial, las empresas comerciales o las empresas unipersonales que tienen registro de Fundempresa tienen garantizada su continuidad y su situación legal. Se prevé que este miércoles el proyecto de ley sea tratado en el pleno de la Cámara Baja.
“Estamos cumpliendo con la socialización en la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley que hemos presentado como Órgano Ejecutivo para establecer que la actividad de Registro de Comercio funcione bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entendiendo que la concesión temporal que se había otorgado a Fundempresa por un plazo de 20 años, para la administración de actividad de Registro de Comercio que concluye el próximo 29 de septiembre”, agregó.
La autoridad añadió que el proyecto de ley dispone que el Registro de Comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la creación de una nueva entidad, a través de un decreto supremo reglamentario, que tendrá a su cargo la recepción de la transferencia de información de Fundempresa, durante el proceso de transición, y la administración del Registro de Comercio.
Los empresarios esperan que el trabajo y el desarrollo de Fundempresa continúe, a favor de la economía nacional; y destacaron el acuerdo público privado, que logró reducir los tiempos de los trámites y la digitalización de los procesos de registros.