El Gobierno no cuenta con suficientes recursos para la implementación de su modelo económico, ya que a la fecha no logró emitir los bonos por 3.000 millones de dólares en el mercado internacional, sólo recurre a recursos del Banco Central, así como de las Administradoras de Fondos de Pensiones, reflexiona el analista económico Mauricio Ríos.

El economista en su artículo titulado crece la tensión y la incertidumbre en Bolivia frente a las “leyes malditas” de Arce, evalúa el discurso del Presidente Luis Arce.

Datos

Arce ha presumido de haber implementado las siguientes políticas orientadas a la recuperación económica, y que le habrían permitido al país alcanzar un crecimiento del 9,4% en los primeros meses del año, cuando en realidad la tasa real para todo 2021 no supera el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Mencionó que la entrega del Bono contra el Hambre, que, aunque fue ideado por Áñez, fue continuado por él, y se tradujo en una inyección de dinero en efectivo equivalente a 500 millones de Euros (más de 550 millones de dólares).

Otras de las medidas fueron el Reintegro RC-IVA, que se tradujo en un monto devuelto por apenas 2,4 millones de Euros (más de 2,5 millones de dólares); el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que ha recaudado 30 millones de Euros (más de 30 millones de dólares) de 204 contribuyentes; la creación del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que destina 24,7 millones de Euros (más de 2,8 millones de dólares) al gasto; y finalmente la devolución anticipada de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), que hasta el momento acumula 56,3 millones de Euros (más de 6,4 millones de dólares)..

Asegura que esas medidas no son creativas, y no reconocen que los problemas de la economía nacional son anteriores a la pandemia, que son estructurales, y que, tanto por su objetivo como por su magnitud, no aspiran a ser más que simplemente cosméticas.

Para darse una idea, el Presupuesto General de la Nación (PGE) 2021 tenía proyectada una cifra de gasto público de 3.535 millones de Euros que supera de manera considerable las medidas anteriormente mencionadas, y a la cual se le había apostado todo.

Sostiene que Arce no mencionó siquiera en su discurso, el nivel de ejecución presupuestaria que ha alcanzado en esta gestión, si ha logrado el financiamiento que pretendía para el PGE 2021 inicialmente, y qué pretende hacer en consecuencia para el PGE 2022.

Los desafíos de corto plazo se concentran en la falta de financiamiento para un modelo económico donde el Estado solamente sabe de incrementar el gasto de manera permanente, y ni siquiera se cuestiona si lo mejor sería recortarlo de manera decidida, reflexiona.

Los empresarios, como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando kempff, señaló la semana pasada, que el gobierno debería buscar financiamiento de 3.000 millones de dólares para la oferta y demanda, y de esta manera impulsar la reactivación económica.

En una entrevista anterior, el economista y ex director del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, lamentó que el discurso del Presidente Luis Arce fue más político que económico, y que buscaba resaltar en este plano, pero no tiene el equipo ni el asesoramiento político.

El docente y economista de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, también dijo que los datos macroeconómicos favorables es un reflejo del buen momento de la economía internacional, que ha provocado un alza de los precios de los commodities a nivel mundial.

Es por ello que los minerales logaron aportar a los ingresos del país por más de 4.000 millones de dólares a septiembre de la presente gestión, mientras los hidrocarburos 1.734 millones de dólares, que representan el 75% de las exportaciones bolivianas y 25% de los no tradicionales.

Ríos recuerda que el sector hidrocarburos no va por buen camino, al mencionar una publicación de Radar Energético, el pasado 5 de noviembre, en la que informa que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) se encuentra incumpliendo el envío de volúmenes mínimos de gas a Argentina comprometidos en la quinta adenda del contrato que se firmó en diciembre del año pasado, y que, por tanto, tendría que traducirse en sanciones.