Gobierno invita al diálogo a sectores en emergencia
“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto es dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen; esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Acotó que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde que vive día a día, y la actividad comercial de los agentes económicos. “Por eso, no tiene ningún sentido ese tipo de posiciones, que son netamente políticas”, afirmó Montenegro.
En esa línea, reiteró que el Gobierno nacional está abierta al diálogo para analizar y absorber demandas concernientes a la ley cuestionada, y pidió a los sectores movilizados no tomar una posición política, escuchar al Gobierno y no dejarse llevar por mentiras de algunos actores políticos.
“Con esta ley buscamos cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial. Estas normas son necesarias para evitar el blanqueo de dinero y controlar las transacciones económicas, con esta ley buscamos transparentar la procedencia de los dineros que salen e ingresan al país”, explicó Montenegro.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía por día de paralización de actividades económicas se genera una pérdida de 112 millones de dólares que deriva en un efecto multiplicador que afecta a la cadena productiva.
“Esa discontinuidad de actividades puede tener un efecto multiplicador en varias de las actividades económicas, por lo tanto no podemos darle un golpe bajo a la recuperación de la economía. Es fácil destruir, es fácil voltear una pared, eso es lo que están haciendo con la economía nacional”, alertó el Ministro.
Como se recuerda, sectores sociales dieron plazo al gobierno para abrogar la ley 1386 y otras leyes que afectan a la libre actividad económica y social, ya que argumentan que las normas apuntan a controlar la vida de las personas y perseguir a los opositores, a pesar de las aclaraciones de las autoridades de gobierno. (EL DIARIO y agencias)
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