“En Bolivia, los derechos de los trabajadores vienen siendo vulnerados integralmente y de manera cada vez más flagrante y en la más abierta impunidad. Con la pandemia, se acentuó esta situación”, señala la institución en la revista Alerta Laboral N° 88.

La crisis económica, derivada de la crisis sanitaria, agrega el Cedla, fue el pretexto perfecto para que los empresarios y las entidades públicas acentúen la violación de los derechos laborales y busquen enfrentar la crisis con el recurso conocido de “ajuste del empleo y los salarios a través de despidos, la no cancelación de salarios, de bonos y de otras obligaciones sociales”.

De acuerdo con el Observatorio; salarios devengados, pago parcial, reducción salarial y bonos y horas extras impagos, fueron los derechos más vulnerados, de acuerdo a las denuncias, seguido por despidos intempestivos, beneficios sociales impagos y demandas de reincorporación.

En tercer lugar, está la inseguridad ocupacional, insumos insuficientes de bioseguridad y medios de trabajo, y le siguen incumplimiento de normas de protección laboral específicas durante la pandemia e incumplimiento de amparos constitucionales y otras resoluciones judiciales y ministeriales favorables a los trabajadores.

Los derechos de los trabajadores no solo fueron vulnerados en acciones inmediatas ejecutadas por los empleadores, señala el Cedla, sino que también hubo incumplimiento de convenios colectivos establecidos entre los sindicatos y los empresarios, algunas veces con intervención de autoridades del Ministerio de Trabajo, dando lugar a que el ejercicio de los derechos laborales continúe siendo postergado.

La otra circunstancia de vulneración de derechos fue la represalia de los empresarios y de las autoridades públicas contra los dirigentes sindicales y trabajadores movilizados, a través de procesos penales, amedrentamientos, falsas acusaciones de “robo” y de intenciones de “apropiación de la empresa” por parte de los obreros y otras acciones intimidatorias.

Durante la pandemia, refiere el Cedla, se dio el caso extremo del gerente de una empresa textilera de Santa Cruz que, acompañado de su familia, fue a la vivienda del dirigente sindical para acusarlo de que habría insultado y amenazado a sus familiares, motivo por el cual le iniciaría una querella legal. “El propósito no fue otro que frenar el cauce de las denuncias de vulneración de derechos y las movilizaciones de los trabajadores en esa empresa”.

En este marco, las acciones de penalización de la huelga y de las medidas de protesta están estrechamente ligadas a los descuentos salariales, la extensión de la jornada de trabajo para supuestamente “compensar los días de paro” y de despidos de dirigentes y de trabajadores. Es entonces cuando se vulneraron los derechos laborales colectivos, como la huelga y el fuero sindical, con el propósito de debilitar la acción colectiva de los trabajadores, se lee en el texto.

Varias de las luchas de los trabajadores se desarrollaron en el campo jurídico a través de la presentación de amparos constitucionales y otros recursos legales con la pretensión de obligar a los empresarios al cumplimiento de las resoluciones de reincorporación laboral, del pago de salarios devengados y otras demandas; sin embargo, las sentencias logradas a través de los recursos legales ganados por los trabajadores, “pocas veces fueron acatadas por los empresarios, pese al carácter conminatorio de estas determinaciones, lo que derivó en una nueva manera de burlar el respeto de los derechos laborales”.

A esto se suma que la subordinación de dirigentes sindicales a intereses económicos y políticos de los empresarios y del gobierno de turno —especialmente al del Movimiento al Socialismo— denunciada por los trabajadores de base, “incidió en la postergación de las demandas y el ejercicio de los derechos laborales”. (ANF)