A pesar de que las autoridades aseguran que las políticas implementadas empujan el crecimiento económico, los economistas y empresarios señalan que es un rebote estadístico y que el Gobierno requiere recursos para hacerlo sostenible, puesto que las proyecciones para el próximo año nuevamente muestran cifras bajas.

El economista y docente de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Gonzalo Chávez, en entrevista con medios televisivos, dijo que el crecimiento proyectado es un rebote estadístico del 2020, y que para que sea sostenible requerirá de recursos, de por lo menos 6.000 millones de dólares.

Informó que el Presupuesto General del Estado 2021 establecía recursos externos de la cooperación internacional, así como de entidades privadas, por un valor de 5.700 millones de dólares, que a la fecha no se hicieron efectivos.

En una entrevista anterior, con ese medio de comunicación, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, lamentó las declaraciones del Presidente Luis Arce en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), sobre suspensión de pago de deuda, ya que dio una señal negativa al mundo.

La emisión de los bonos por 3.000 millones de dólares no podrá colocar el Gobierno en el mercado internacional, puesto que los intereses son altos, por la coyuntura mundial.

Mientras tanto, el servicio de la deuda (capital e intereses) del país se acumula y solo el 2020 el pago ascendió a 815 millones de dólares y para la presente gestión ascenderá a casi 900 millones, y el 2022 la cifra será casi igual más el pago de los bonos 2020, de 500 millones.

El 2020, la economía boliviana registró una recesión de 8,7 %. Desde el 2015, los economistas, como Ernesto Bernal, alertaron sobre la desaceleración económica y sumada a la pandemia de la pasada gestión y el país toco casi fondo.

En su momento, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, indicó que la economía nacional requiere liquidez y que era necesario inyectar a la economía nacional 3.000 millones de dólares, para la oferta y demanda.

Mientras tanto, el Gobierno tramita una ley para fortalecer las reservas, que básicamente apunta a eliminar la restricción constitucional, que consiste en que el BCB debía pedir permiso a la Asamblea para monetizar el oro de las reservas.

Pandemia

La pandemia covid-19 obligó a las economías a parar actividades y cerrar fronteras, lo que provocó un deterioro de las finanzas internas de cada país, la medida aplicada fue para frenar los contagios.

Los recursos disminuyeron, en el caso de Bolivia, aplicó cuarentenas rígidas y salvar la vida de las personas y también aplicó medidas para que las empresas no sean afectadas por los créditos vencidos, así como tributos, por ello se determinó diferimientos de pago de obligaciones con los bancos y con el Servicio de Impuestos.

El gobierno de transición estableció pago de bonos a las familias para financiar parte de sus gastos familiares, pero no fueron suficientes.

Las exautoridades trataron de canalizar recursos externos para combatir la pandemia y atender las necesidades de la población, sin embargo, asambleístas del Movimiento al Socialismo frenaron los créditos externos.

En ese contexto, se recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) Derechos Especiales de Giro (DEG) por un valor de 350 millones de dólares, sin embargo, la actual administración del Estado devolvió los recursos con un pago adicional.

Aunque recientemente recibió de DEG, aseguraron que no era el mismo mecanismo, pero los economistas coincidieron, por separado, que era la misma operación, cuyos recursos fueron destinados para fortalecer el sistema financiero y aumentar los recursos de las Reservas Internacionales.

En su discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la directora del Fondo, Kristalina Georgierva, titulada superar las divisiones y suprimir los obstáculos a la recuperación, menciona que analizan una nueva emisión de DEG para apoyar a la recuperación de las economías.

“Gracias a la voluntad colectiva de nuestros países miembros, realizamos una nueva asignación de derechos especiales de giro por un monto de 650.000 millones de dólares en agosto. Se trata de la mayor emisión de la historia del FMI, en medio de esta crisis sin parangón. Aproximadamente 275.000 millones de dicha asignación se destinaron a países emergentes y en desarrollo”, señaló.

Sostiene que la tenencia de los nuevos DEG como parte de sus reservas oficiales ha reportado beneficios inmediatos a los países, lo cual puede favorecer la confianza y reducir los costos de financiamiento.

Dijo que todavía pueden hacer más para ayudar a los países a eliminar los obstáculos a la recuperación. “Podemos amplificar el impacto de esta asignación y asegurarnos de que los países más necesitados reciban más DEG. Instamos a los países con sólidas posiciones externas a canalizar sus DEG en forma voluntaria”, acotó.

Eso significará incorporar nuevos DEG al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, lo cual ampliará nuestra capacidad de ofrecer préstamos con tasa de interés cero a países de bajo ingreso.

Asimismo, estamos estudiando con nuestros países miembros la posibilidad de usar los DEG para crear el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, con el objetivo de ayudar a los países de bajo ingreso y los países de mediano ingreso vulnerables a generar un futuro sostenible y próspero, complementa.