La economía muestra cifras positivas que abren la oportunidad para generar empleo y un aumento salarial dinamizaría el mercado interno; pero las empresas todavía no se recuperan, y más bien solicitaron flexibilización laboral para preservar las fuentes de trabajo. El Gobierno entregó una nueva normativa social, según empresarios y economistas.

El economista Alberto Bonadona, en entrevista con la cadena A, informó que las cifras de la economía son positivas, y que estas pueden dar lugar a la generación de empleo, y que el aumento salarial podría dinamizar el mercado nacional, sin embargo, también señala que la recuperación económica todavía no llegó a las empresas.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, en entrevista con la Cadena A, opinó que las condiciones no están dadas para un aumento salarial, y más bien apuestan a la sostenibilidad de las empresas.

Con un crecimiento económico de 6 %, que espera alcanzar el Gobierno en 2022, una inflación menor a 1 %, una disminución del desempleo de 8,2 % a 5,2 % en la pasada gestión y el superávit comercial de alrededor de 1.500 millones de dólares. Así también los incrementos en las recaudaciones por parte de Aduana e Impuestos.

Entre las cifras negativas están el déficit alcanzado que bordeará el 8 % y el incremento de la deuda interna, así como la externa, y ahora va por captar recursos por 2.000 millones de dólares en el mercado internacional.

El economista Gabriel Espinoza alerta en su twitter que «a pesar de cobrar impuestos en tiempo y forma, acceder a crédito externo y sin gastos extraordinarios, el Gobierno de Arce en el 2021 incrementó la deuda interna (neta) en 24.212 millones de Bs., de los cuales 13.372 corresponden a deuda con el (Banco Central de Bolivia (BCB) y 10.842 con las Administraciones de los Fondos de Pensiones (AFP’s)».

@g_espinoza señala que «están gastando sin resultados, generando presiones monetarias cada vez más difíciles de controlar y sin dar las explicaciones suficientes sobre el objetivo de la política económica».

Informa que “el total de la deuda interna alcanza a los 95.253 millones de Bs. (un poco más de 13.680 millones de dólares), por lo que el incremento del 2021 corresponde a más del 25 % (en un solo año…y repito, es en términos netos, así que es pura deuda nueva)”.

Empresarios

Los empresarios solicitaron sostenibilidad de los empleos y congelar el incremento salarial de 2022, debido a que la recuperación de las empresas todavía no alcanzó a todas, y algunas estarían en una situación crítica.

La semana pasada el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que la economía nacional cerró con una inflación menor a 1 %, y por lo tanto no correspondería un incremento salarial.

De esa manera respondió al planeamiento de fabriles y ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB), que solicitan un aumento salarial, y que el porcentaje planteado estaría en 10 %.

También la Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas (Conamype) ve “irracional” hablar de incremento salarial y le pide a la COB que reflexione, ya que todavía no se estabilizó la economía nacional.

NORMA

También plantearon modificar la norma laboral con el objetivo de generar mayor empleo, y aumentar la productividad de las empresas.

Economistas y empresarios lamentaron que la normativa laboral no sea adecuada para la generación de empleos, y es por ello que los emprendimientos giran a lado informal para no cumplir las normas y crear fuentes de empleo de baja calidad.

Entre tanto, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, entregó a la Central Obrera Bolivia (COB), durante el ampliado sindical realizado en Cobija, Pando, el Decreto Supremo 4668 que garantiza los derechos adquiridos de las y los trabajadores, normativa que los empleadores no podrán desconocer ni alterar.

El Artículo 4 del documento establece que “las empleadoras o empleadores no podrán menoscabar, disminuir, alterar, o diferir los derechos laborales adquiridos de las trabajadoras y los trabajadores, en contravención a las disposiciones tutelares laborales definidas en la Constitución Política del Estado y la legislación laboral vigente”.

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