El lunes, en instalaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el director Ejecutivo Teodoro Mamani, designó de forma irregular a Alex Monrroy Aguilar como Jefe de Protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, debido a que no se cumplieron los compromisos de respetar el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP), que señala que toda designación debe ser bajo convocatoria pública y abierta.
Y no sólo eso, la denuncia apunta que la nueva autoridad estaba acompañada de mineros de Ex central de Cooperativas Aurífera Cotapata y expresidente de la cooperativa Jesús Gran Poder Mario Callisaya.
Ya hay la denuncia de los pueblos indígenas del norte de La Paz y de otras regiones del país, que estarían explotando de manera irregular en áreas protegidas con el aval de las autoridades nacional, cooperativistas mineros.
Los activistas denuncian que el Sernap designa a presión de los mineros y actores sociales a fin de viabilizar el ingreso de cooperativas mineras a las aéreas protegidas.
Pero ese no sería el único caso, sino que el medio de Santa Cruz, El deber, el 4 de febrero de la presente gestión, informó que Activista asegura que el Sernap y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizaron explotación minera en Parque natural y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías.
En una entrevista con EL DEBER Radio, el director de Conservación del Patrimonio Natural de la Gobernación, Juan Carlos Áñez, manifestó que esta actividad no solo estaría autorizada por el Sernap, sino también por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para realizar el desmonte que permita el traslado del mineral, específicamente manganeso. Tanto el Sernap como la ABT dependen del Ministerio de Medio Ambiente.
Según Áñez, desde la llegada de Luis Arce Catacora al poder, el Sernap ha destituido a ocho directores de áreas protegidas que dependen del Gobierno central. Entre los despedidos están directivos del AMNI San Matías, que es la segunda área protegida más grande de Bolivia. La etapa de desmonte abarcaría un periodo de seis meses, de acuerdo con Áñez.