Desde el 16 de agosto de 2021 está vigente la Ley Nro 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, norma legal que aprueba y autoriza desarrollar un plan a ser ejecutado mediante decretos supremos, emitidos por el Órgano Ejecutivo a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), informa el pronunciamiento de la CAO.
La CAO sostiene que la norma aprobada no ha contemplado en su aprobación los preceptos de la Constitución Política del Estado: “ (En) constituirnos (en) un estado unitario, social de derecho, democrático, que se funda en la pluralidad política, económica, jurídica de los ciudadanos que gozan de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, dignidad, libertad, seguridad jurídica, libre asociación, a la propiedad privada. La participación de la población organizada en la toma de decisiones en el diseño de las políticas públicas”.
La institucionalidad Agro Productiva considera necesario que el Órgano Legislativo abrogue la Ley 1386 y en el marco de la democracia participativa, cumpliendo los preceptos constitucionales, se formule una estrategia nacional con la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil a través de los gremios constituidos, concluye el pronunciamiento.