“Por el momento no contamos en nuestras instituciones con información precisa de ningún caso en particular para hacerle seguimiento y pronunciarnos sobre esta situación. Nuestros equipos de trabajo están buscando la información correspondiente para tener mejor criterio sobre cada uno de ellos”, apuntan en un comunicado la organización empresarial.
Las instituciones agropecuarias defendemos la legalidad en el acceso a la tierra y todo tipo de procedimiento agrario debe enmarcarse en la normativa vigente. Por esta razón, es que antes emitir un pronunciamiento necesitamos contar con toda la información técnica de los lugares en conflicto y en nuestro caso en particular, de propiedades que estén avasalladas, complementa.
Y dan su visto bueno a las operaciones de la Comisión Agraria Departamental, como ente máximo de fiscalización y planificación del tema de distribución de tierras en el Departamento de Santa Cruz, pero también apelamos que sus definiciones estén enmarcadas en la legalidad.
Inra
Mientras tanto, el equipo técnico y jurídico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dependiente del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, atiende las demandas de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) en el tema tierra y territorio, a través del diálogo, consenso y coordinación.
“Se ha mostrado voluntad de parte del INRA para encontrar solución a nuestras demandas y esperamos que haya resultados positivos”, expresó Felipe Castro Cacique de Tierra y territorio de la OICH, quien manifestó su predisposición para llegar a acuerdos satisfactorios que beneficien a las comunidades chiquitanas.
En cuanto al tema de los avasallamientos en la región Castro dijo que se ha avanzado bastante, porque es un asunto muy sensible para la población, “en este tema hemos logrado un avance de solución a nuestra demanda y lo socializaremos con las bases y ellas definirán”.