Ante el ingreso constante y masivo de contrabando y su impacto negativo en productores del territorio nacional, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) plantea siete acciones para evitar la pérdida de miles de empleos, como modificar la cuantía de sanción tributaria, que los municipios y gobernaciones realicen control permanente y ampliar facultades de Aduana y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en mercados.

El lunes pasado, los productores de soya, trigo, maíz y sorgo informaron que las acciones de la Aduana y de las entidades de lucha contra el contrabando son insuficientes, ya que el mercado interno está lleno de productos ilegales.

La CAO advierte que está en riesgo miles de empleos dignos y estables, que genera este sector, y que repercute en la economía de las familias bolivianas.

Las industrias también están amenazadas por el contrabando de fideo que ingresa por el lado de Desaguadero, de procedencia peruana a pecios por debajo de los costos de operación de las empresas bolivianas.

Los productores de maíz y sorgo tienen pérdidas por más de 50 millones de dólares, mientras que en el sector azucarero la cifra bordea los 70 millones, y a todo el sector agropecuario la estimación está en 400 millones.

En un momento tan duro ocasionado por la crisis económica causado por la pandemia, la CAO y sus instituciones afiliadas demandan atención inmediata de los diferentes niveles de Gobierno para frenar esta competencia desleal que ocasiona el contrabando y que genera la pérdida de aproximadamente 400 millones de dólares para este sector.

El presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, afirmó que todos los sectores que componen esta institución, van a generar propuestas para coadyuvar y frenar el contrabando que está matando a miles de unidades productivas, principalmente a los pequeños productores que son el 75 % de los asociados a la CAO.

Por tanto, ante esta nueva pandemia que afecta la producción local, la CAO y sus instituciones afiliadas proponen lo siguiente: Ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Senasag y la Aduana puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas. Estas acciones deben ser de forma independiente y con apoyo de la fuerza pública.

También plantea que se debe modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5.000 UFV.

Asimismo, los gobiernos municipales y departamentales deben realizar controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población y el delito debe ser tratado como atentado a la salud pública, sugiere.

“Estas acciones deben incluir facultades de incautar bienes utilizados por almacenar y transportar productos de contrabando”, agrega.

También la Oficina de Defensa del Consumidor debe verificar de forma permanente para evitar que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia, y que los regímenes aduaneros fronterizos debieran ser controlados en base a un registro de vivientes de la zona, y reglamentados para que estos cumplan con su objetivo de sobrevivencia personal.

Entre sus propuestas finales está en que el despacho de mínima cuantía debe normarse conforme a la reglamentación de un régimen general de importación de mercancías de consumo; y sugieren realizar acciones con organizaciones de productores para ejecutar actividades conjuntas en el control del contrabando, en las principales rutas de acceso.

“Nuestro sector es principal generador de fuentes de empleos en todo el país, con 1,6 millones de personas que trabajan de forma directa, y gran parte de ellos están desapareciendo por el contrabando. Lo más afectados en esta situación son los pequeños productores que se ven obligados a cerrar sus unidades productivas y quedarse sin trabajo y sin sustento familiar”, señalan los ejecutivos d la CAO.

En su momento, el presidente de la Cámara Departamental de La Paz (Cadinpaz), Pablo Camacho, sugirió que la lucha contra el contrabando debía municipalizarse y digitalizarse, para ser más efectiva.