Una razón detrás de esta situación radica en que los acuerdos no generaron aumentos significativos y sostenidos en el intercambio intrarregional. Este se mantiene en torno al 15 % del total de las exportaciones desde mediados de la década de los noventa, con escasa variación a lo largo del tiempo, según el reporte a tiempo de indicar que en Europa el comercio intrarregional tiene valores cercanos al 60 % del total, mientras que en América del Norte llega al 45 % y en el Este y Sudeste de Asia al 35 %.
La apertura comercial impulsada en las últimas tres décadas aumentó las inversiones y el comercio en América Latina y el Caribe, aunque en forma modesta. En particular, el intercambio intrarregional se mantuvo estancado.
Ese diagnóstico forma parte del Reporte de Economía y Desarrollo 2021 de CAF, titulado: “Caminos para la integración: Facilitación del Comercio, Infraestructura y Cadenas Globales de Valor”, en el que se presentan los principales avances y desafíos que enfrenta la región para alcanzar un mayor nivel de integración que impulse la productividad y el bienestar de los países.
“Estos resultados no tan alentadores se explican en parte porque el mercado regional todavía no ha sido un espacio que las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, hayan podido aprovechar para integrarse comercial y productivamente, y que ello brinde oportunidades de expansión de sus ventas y el empleo. Las razones de estas fallas se deben al avance incompleto en varias de las políticas de liberalización comercial”, afirmó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, y coautor del informe.
El RED2021 propone una reingeniería de tres pilares en los caminos para la integración de América Latina y el Caribe. El primero es la reducción de los niveles arancelarios aplicados unilateralmente, que en algunos casos son todavía altos (notablemente en la Caricom y el Mercosur); al igual que la disminución de los costos aduaneros y de frontera a través de iniciativas de facilitación de comercio.
El segundo consiste en proveer la infraestructura de transporte necesaria para mejorar la integración física entre los países, incluyendo aquella que favorece la integración energética; y el tercero se refiere a las regulaciones domésticas y regionales que impulsen la integración productiva entre las economías, promoviendo la participación de las empresas en cadenas regionales de valor.
“Los procesos de integración requieren de una institucionalidad y capacidades estatales para su diseño e implementación. Estos deben alinear los intereses de sectores que se beneficiarán de estas iniciativas y, al mismo tiempo, servir para reducir los costos y reconvertir aquellas actividades que podrían enfrentar mayor competencia. Para ello se requieren recursos, pero también capacidades de coordinación entre diferentes agencias estatales, con el sector privado y con otros gobiernos socios de estas iniciativas”, puntualizó Sanguinetti.