Bolivia se encuentra en un camino ecocida extractivista y transnacional que está alterando de manera irreversible los ciclos del agua, el clima, el equilibrio eco sistémico y está afectando drásticamente la fertilidad de los suelos y el patrimonio natural, genético, alimentario, social, indígena y cultural de todos los bolivianos, señalan los colectivos ambientalistas.
En ese contexto, colectivos ambientalistas, animalistas, científicos y ciudadanía en general se apersonaron ayer al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para hacer entrega de la canasta agroindustrial incendiaria y de muerte al titular de esta cartera de Estado, Remmy Gonzales, y exigirle que pare la catástrofe ambiental, los incendios generados para la ampliación de la frontera agrícola.
Esos incendios representan una amenaza sanitaria muy grave, ya que podrían desencadenar nuevas epidemias por la destrucción intensiva de ecosistemas únicos, como las áreas protegidas del país.
Los últimos tres años se han quemado alrededor de 13 millones de hectáreas: 6 millones hectáreas en 2019; se incendiaron el 2020, a pesar de la pandemia, 4,5 millones; y hasta septiembre de 2021 ya se perdió 1,4 millones, que aparte de representar pérdidas en diversidad de fauna y flora, afecta el 100 % de territorios de indígenas.
Los activistas sostienen que los incendios generados son una nueva forma de colonización geopolítica en el país, a través de la imposición de un modelo alimentario industrial de exportación en alianza con el Gobierno permisivo y cómplice por su inacción.
De acuerdo al investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito, Bolivia tendría 10 millones de hectáreas para ampliar su frontera agrícola, pero recomienda mejorar la productividad en las superficies cultivadas.