El parlamentario se reunió con el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), Sergio Baeza; la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Ultraport y vicepresidenta de la Cotraporchi, Sandra Baltierra; y el secretario del Sindicato de Trabajadores de TPA S.A. y director de Cotraporchi, Víctor Ramírez, los cuales fueron acompañados por el concejal y secretario de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, Jorge Mollo.

Al respecto, el senador Insulza dijo que “es muy atendible la preocupación de los trabajadores portuarios. A ellos les inquieta que el tema tarifario del Puerto de Arica se transforme en un asunto diplomático, como lo han intentado permanentemente los sucesivos gobiernos bolivianos. La Cancillería chilena no debe atender la demanda del Gobierno de Bolivia, de que el tema tarifario del Puerto de Arica se transforme en una negociación de Estado a Estado. Este asunto no tiene nada que ver con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y no es pertinente llevarlo a un foro diplomático”.

El parlamentario señaló que lo conveniente para los intereses de la Región de Arica y Parinacota “es que esta negociación de descuentos tarifarios, siga en manos de la Empresa Portuaria Arica y de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. Este es un asunto netamente comercial, donde 2 empresas deben establecer un acuerdo en función de criterios como la competitividad y la calidad de los servicios que se ofrecen y por los cuales debe haber un pago, no pueden ser gratuitos. ASP-B representa sólo a la carga de importación que significa un 33´% del movimiento total del Puerto. En cambio los exportadores bolivianos, que significan un 40 % del movimiento portuario, negocian directo sus tarifas sin intervención de la ASP-B y no tienen problema alguno”.

Insulza comprometió gestiones ante la Cancillería con el fin de reafirmar la posición de que la negociación tarifaria con la ASP-B, debe seguir en el plano comercial, velando por el desarrollo del Puerto de Arica y garantizando la estabilidad de los empleos directos e indirectos que genera esta industria.

Sobre este tema, puntualizó que “debe mantenerse el esquema de negociación tarifaria instaurado el 2019, donde pese a la resistencia de Bolivia, finalmente se firmó un acuerdo de largo plazo en función de criterios objetivos y no discriminatorios, aplicando tarifas públicas con descuentos. Los servicios en el Puerto de Arica deben pagarse y no es aceptable un congelamiento como ocurrió entre 2012 y 2018. En ese periodo, unilateralmente la ASP-B se negó a un reajuste, argumentando una inexistente vulneración al Tratado de 1904”.

El parlamentario detalló que la propuesta de la ASP-B de firmar un acuerdo tarifario sólo por 6 meses, “no otorga certidumbre a sus propios importadores sobre lo que ocurrirá en el largo plazo. Las tarifas de un puerto no se pueden estar fijando cada 6 meses o a la espera de que cambie uno u otro Gobierno. Un esquema así no da certidumbres a las inversiones que se proyectan para hacer más eficiente al Puerto y tampoco da las seguridades que necesitan los trabajadores”.

Finalmente, el senador aseveró que resulta extraño que la ASP-B “haya rechazado la propuesta de largo plazo que había consensuado con la EPA a fines de julio, oportunidad en que pidió tiempo para que su país se recuperara de los efectos de la pandemia. El Puerto les propuso un acuerdo por tres años, con un descuento promedio de 38 % y sumaron un nuevo servicio a los 22 que estaban rebajados. Yo espero que esta decisión de desechar el acuerdo sea revisada por las autoridades bolivianas y no tenga como objetivo la creación de un conflicto artificial con Chile. Aquí no se está vulnerando el tratado. La carga boliviana transita sin problemas desde y hacia el Puerto, con tarifas más bajas que los puertos vecinos, y con servicios de gran calidad”.