Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

El 21 de diciembre de 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) celebró su 88º aniversario, un hito en la historia de la industria energética de Bolivia. Desde su nacionalización en 2006, YPFB ha sido un pilar fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, desempeñando un papel crucial en la economía nacional. Como eje estratégico del modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS), basado en la explotación de recursos naturales, se esperaban resultados positivos. Sin embargo, el modelo no ha alcanzado las expectativas, dejando al futuro de YPFB y de la economía nacional en una incertidumbre constante.

Desde 2006, YPFB ha enfrentado problemas graves como una planificación estratégica deficiente y repetidos escándalos de corrupción. En los primeros años tras la nacionalización, la empresa vivió turbulencias administrativas que afectaron su capacidad operativa. Entre 2006 y 2009, cinco presidentes pasaron por la dirección de YPFB, una rotación que reflejó inestabilidad. En la mayoría de los casos, la corrupción fue un denominador común.

Jorge Alvarado, el primer presidente designado por Evo Morales en 2006, fue removido tras un contrato con Iberoamericana SRL que ocasionó pérdidas significativas para el Estado. Le siguieron Juan Carlos Ortiz y Manuel Morales Olivera, cuyas gestiones también estuvieron marcadas por denuncias de corrupción. En 2009, Santos Ramírez asumió el cargo, pero su gestión terminó en el escándalo de Catler Uniservice, relacionado con pagos irregulares millonarios. Posteriormente, Carlos Villegas enfrentó también denuncias de corrupción. Además, la mayoría de estos presidentes carecían de conocimientos en el área petrolera y provenían de otras formaciones: un geólogo, dos abogados, un técnico en administración y computación, un maestro de secundaria y un docente universitario.

A partir de 2015, comenzaron a ser designados ingenieros petroleros, aunque sin experiencia ejecutiva. Guillermo Achá enfrentó denuncias por un contrato irregular de 148 millones de dólares para la provisión de taladros. La situación no mejoró durante el gobierno de Jeanine Áñez, cuando José Luis Rivero y Herland Soliz fueron destituidos por irregularidades en contratos de seguros, combustibles y alimentos. Estos eventos reflejan la falta de control interno y la debilidad institucional que han caracterizado a YPFB.

Desde 2020, la empresa ha seguido siendo escenario de escándalos que han dañado su reputación y operatividad. Ese año, varios funcionarios fueron arrestados por contratos irregulares durante la emergencia sanitaria, exponiendo una vez más la vulnerabilidad de YPFB ante prácticas fraudulentas. En 2023, se destapó una red de corrupción en YPFB Logística, vinculada al robo de combustibles y cobros indebidos. Estos hechos subrayan la falta de transparencia y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en una empresa estatal de tal magnitud.

Un gran problema de YPFB es la falta de liderazgo técnico y estratégico. Desde la nacionalización, la designación de personal sin experiencia en el sector de hidrocarburos ha generado ineficiencia en la gestión. Esta falta de conocimientos técnicos ha derivado en la incapacidad de optimizar procesos, gestionar adecuadamente los recursos y adaptarse a las exigencias de un mercado energético competitivo.

Mientras que las grandes empresas internacionales del sector energético alcanzan márgenes de rentabilidad (ROA) entre el 4% y el 12% anual, YPFB ha reportado utilidades mínimas, con índices de solo 0,36% en 2022 y 0,43% en 2023. Esta baja rentabilidad refleja una deficiencia en la administración y gestión de recursos, limitando la capacidad de la empresa para generar beneficios significativos para el país. Además, socava su credibilidad como un actor clave en el sector energético, tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de los años, YPFB ha experimentado una politización y una rotación excesiva de personal, lo que ha contribuido a la falta de estabilidad en la gestión. La designación de directivos en función de afinidades políticas o familiares, en lugar de méritos técnicos, ha generado improvisación, falta de planificación e ineficiencia operativa. La ausencia de control interno y la falta de criterios claros para la toma de decisiones ha originado sobrecostos, incumplimientos contractuales y una pérdida de competitividad en los mercados internos y externos.

La falta de inversión y proyectos concretos para sustituir las reservas de gas en Bolivia ha afectado negativamente a YPFB. A pesar de las promesas de diversificación y la urgente necesidad de encontrar nuevos yacimientos, las inversiones realizadas han sido escasas y se han concentrado en la exploración de nuevos pozos, sin resultados significativos. La falta de un plan de sustitución de reservas ha dejado al país en una situación vulnerable, pues la producción de gas ha disminuido considerablemente desde 2015, afectando los contratos de exportación con países como Brasil, que ha visto cómo la oferta boliviana no ha cumplido con los volúmenes acordados.

En resumen, la nacionalización de YPFB no ha cumplido con las expectativas generadas. Aunque representó un paso hacia la soberanía energética, la gestión inadecuada, la corrupción endémica y la falta de previsión para reemplazar las reservas de gas han debilitado profundamente el sector energético, dejando al país vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Lejos de consolidarse como un proveedor clave en la región, Bolivia ha perdido competitividad, mientras que su modelo económico basado en la renta gasífera muestra claros signos de agotamiento. El desafío ahora radica en implementar reformas estructurales que permitan la participación de empresas privadas especializadas, con el objetivo de revertir casi dos décadas de resultados deficientes y reorientar la política energética hacia la sostenibilidad y la eficiencia.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.