Rolando Coteja Mollo

La Constituci贸n Pol铆tica del Estado establece un marco robusto para la lucha contra la corrupci贸n, promoviendo la 茅tica y la obligaci贸n de denunciar tales actos en sus art铆culos 8 y 108.8, tambi茅n, el art铆culo 123 consagra la imprescriptibilidad de estos delitos.
La Ley N掳 004, conocida como Marcelo Quiroga Santa Cruz, refuerza este compromiso con sanciones concretas para el soborno (que significa corromper a alguien con d谩divas para conseguir de 茅l algo; Dicc. de la Real Academia Espa帽ola), incluyendo penas de hasta ocho a帽os de prisi贸n para los funcionarios implicados, y castigos m谩s severos cuando se comprometen los recursos p煤blicos destinados a programas sociales. Sin embargo, la aplicaci贸n de estas leyes ha sido deficiente, en gran medida debido a las falencias estructurales de las instituciones encargadas de su implementaci贸n.
Bolivia ha ratificado convenios internacionales significativos que obligan al pa铆s a reforzar sus esfuerzos contra la corrupci贸n. La Convenci贸n de las Naciones Unidas contra la Corrupci贸n (Cnucc), ratificada en 2005, y la Convenci贸n Interamericana contra la Corrupci贸n (CICC), firmada en 1997, establecen directrices claras para la prevenci贸n y sanci贸n del soborno. Estos tratados no solo exigen la tipificaci贸n del soborno como delito, sino que tambi茅n demandan la creaci贸n de mecanismos preventivos, como la protecci贸n de denunciantes y la cooperaci贸n internacional en la lucha contra este flagelo.
No obstante, la alineaci贸n de estos compromisos internacionales con la realidad boliviana sigue siendo un reto. La interferencia pol铆tica y la politizaci贸n de cargos clave en el sistema judicial socavan la independencia de estas instituciones, debilitando su capacidad para investigar y sancionar adecuadamente los casos de soborno. Esta situaci贸n perpet煤a un ciclo de impunidad, desincentiva las denuncias y erosiona la confianza p煤blica en las instituciones. Las limitaciones en la capacidad de las instituciones de control, junto con la falta de recursos adecuados, tanto humanos como tecnol贸gicos, han sido obst谩culos persistentes para una implementaci贸n eficaz de las leyes anticorrupci贸n.
La politizaci贸n de los nombramientos en posiciones cr铆ticas dentro del sistema judicial compromete, adem谩s, la independencia de estas entidades, lo que reduce su efectividad en la lucha contra el soborno. Para enfrentar de manera efectiva este flagelo, es imperativo implementar reformas estructurales.
Una revisi贸n de la Ley N掳 004 es necesaria para endurecer las penas en los casos de corrupci贸n que involucren sumas significativas de dinero o que afecten gravemente el bienestar social. La idea de establecer una 鈥渕uerte civil鈥� para los corruptos, es decir, inhabilitarlos de forma permanente para ocupar cargos p煤blicos, podr铆a ser una medida disuasoria efectiva. Tambi茅n es necesario mejorar la protecci贸n a los denunciantes para fomentar una cultura de transparencia.
La digitalizaci贸n de los tr谩mites p煤blicos se presenta como otra estrategia viable para reducir las oportunidades de soborno. La automatizaci贸n de procesos y la implementaci贸n de sistemas de control interno m谩s sofisticados pueden dificultar la realizaci贸n de pr谩cticas corruptas. Adem谩s, la rotaci贸n peri贸dica de funcionarios en 谩reas sensibles, como licitaciones y supervisi贸n de proyectos, disminuir铆a el riesgo de que se vean involucrados en actividades il铆citas.
La participaci贸n ciudadana es fundamental en la lucha contra el soborno, la creaci贸n de plataformas digitales que permitan denuncias an贸nimas y el acceso p煤blico a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fortalecer铆a el control social. Las auditor铆as ciudadanas peri贸dicas tambi茅n pueden constituir una herramienta eficaz para identificar y corregir pr谩cticas corruptas dentro de la administraci贸n p煤blica, promoviendo as铆 una cultura de rendici贸n de cuentas. Erradicar el soborno es un imperativo, tanto legal como 茅tico. Aunque existe un marco normativo s贸lido, su implementaci贸n efectiva y el fortalecimiento de las instituciones responsables de su aplicaci贸n son esenciales para restaurar la confianza ciudadana. La lucha contra el soborno no solo requiere leyes m谩s severas, sino tambi茅n un compromiso firme por parte de los servidores p煤blicos, la sociedad civil y la comunidad internacional. El futuro de la democracia boliviana y el bienestar de sus ciudadanos dependen de la capacidad del pa铆s para enfrentar con 茅xito este desaf铆o.

El autor es polit贸logo-abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com