Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

La historia económica reciente de Bolivia ha estado marcada por los llamados “gasolinazos” y “diéselazos”, ajustes en los precios de los combustibles que, aunque necesarios desde el punto de vista fiscal, han generado una gran resistencia popular. Estos incrementos no solo influyen en los equilibrios macroeconómicos, sino que también impactan directamente en el costo de vida de los ciudadanos, especialmente los de menores recursos.

La estabilización económica alcanzada con el Decreto Supremo 21.060, el 29 de agosto de 1985, permitió la liberalización de los precios de los hidrocarburos y fue crucial para superar la hiperinflación. Esta medida, que incluyó el ajuste progresivo de los precios de los combustibles, se convirtió en un pilar de la estabilidad económica del país.

Entre 1987 y 1993, los precios de la gasolina y el diésel subieron gradualmente, con aumentos anuales de 22 y 17 centavos, respectivamente. Este patrón continuó entre 1997 y 2005, aunque con un ritmo más moderado, con incrementos de 16,8 centavos anuales en el caso de la gasolina y 17,4 centavos para el diésel. A pesar de que estos aumentos generaban dificultades en la economía de las familias, fueron ampliamente aceptados como una necesidad para ajustar los precios nacionales con los internacionales.

Entre enero de 2005 y diciembre de 2010, bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y su ministro de Economía Luis Arce Catacora, el gobierno no realizó ajustes en los precios de los hidrocarburos, manteniéndolos artificialmente bajos gracias a los subsidios. En 2010, sin embargo, el gobierno intentó un ajuste desproporcionado en comparación a los años anteriores, elevando los precios de la gasolina a Bs. 6,47 y el diésel a Bs. 6,80. Estos aumentos, que alcanzaban incrementos de 74% y 82%, fueron percibidos como excesivos, lo que habría generado un aumento generalizado en el costo de vida, afectando tanto a consumidores como a empresas, especialmente a los sectores más vulnerables.

El ajuste, aunque necesario para corregir desequilibrios fiscales y económicos, fue rechazado rotundamente por la población. Las protestas masivas que se desataron en todo el país evidenciaron la sensibilidad social ante medidas económicas de este tipo. El gobierno se vio obligado a revertir la medida el 31 de diciembre del mismo año, dejando claro el costo político de implementar políticas impopulares, incluso cuando son necesarias para la estabilidad fiscal del país. La reacción social subrayó la dependencia crónica del país de los subsidios a los combustibles, un problema estructural que aún persiste.

Durante los 18 años de gestión del MAS, bajo los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, la política de subsidios a los hidrocarburos no sufrió modificaciones sustanciales. A pesar de las presiones de organismos internacionales y economistas locales, el gobierno evitó reformar este esquema por temor a una reacción adversa de la población. El fracaso del “dieselazo” de 2010 dejó una lección difícil de olvidar para los tomadores de decisiones: eliminar los subsidios no solo es una medida económicamente compleja, sino también políticamente riesgosa.

Este episodio también evidenció las dinámicas de liderazgo económico dentro del gobierno del MAS. Aunque Evo Morales ostentaba la presidencia, su limitada experiencia en gestión económica delegaba gran parte del liderazgo técnico a Luis Arce, quien asumió un rol protagónico como artífice de la política económica. A lo largo de los años, Arce se ganó el apelativo de «presidente económico en funciones». Sin embargo, el recuerdo del «dieselazo» marcó profundamente al actual mandatario, llevándolo a evitar nuevas medidas que pudieran desatar un conflicto social similar. Esta prudencia, aunque políticamente estratégica, perpetuó el problema de los subsidios y sus implicaciones fiscales.

Uno de los aspectos más interesantes de la gestión económica bajo el MAS ha sido la evolución de Luis Arce. Inicialmente, como ministro de Economía, Arce era reconocido por defender las políticas necesarias para la estabilidad del país, aunque pudieran generar descontento social. Sin embargo, la experiencia del “dieselazo” transformó su enfoque, impulsándolo a adoptar un rol más centrado en la política y en la preservación del apoyo popular.

Este cambio de enfoque es claro cuando se observa la situación actual. Un primer ejemplo es culpar del desabastecimiento de hidrocarburos al bloqueo de 24 días e indicar que pronto se normalizará su provisión, la realidad es que los bloqueos afectaron principalmente al departamento de Cochabamba, sin repercusiones significativas en otras regiones del país. Por lo tanto, utilizar los bloqueos como justificación para el desabastecimiento resulta un argumento falaz.

Un segundo ejemplo de inacción frente al problema del desabastecimiento de diésel al sector agropecuario del oriente es la falta de respuesta por parte del gobierno. Ante la escasez de diésel, el sector agropecuario ha tomado la iniciativa de importar el combustible por su cuenta. Esta acción, aunque comprensible desde una perspectiva empresarial, resalta el fracaso del gobierno en asumir su responsabilidad de garantizar el abastecimiento de recursos esenciales para la economía nacional. En la práctica, el gobierno está delegando una responsabilidad fundamental al sector privado, lo que distorsiona las funciones del Estado.

En conclusión, el fantasma del “dieselazo” de 2010 sigue presente en la política económica del gobierno de Arce. Aunque no se ha realizado un ajuste formal de precios, el impacto real ya se siente en el mercado. El temor de repetir el ajuste de precios de 2010 ha llevado al gobierno a adoptar una postura pasiva, delegando decisiones clave al sector privado, mientras busca preservar su imagen y evitar el desgaste político. El presidente Arce, aún marcado por las secuelas del “dieselazo”, parece optar por una estrategia de no intervención directa, eludiendo las consecuencias de implementar políticas que podrían dañar su popularidad.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.