Rolando Coteja Mollo

En el mundo digital actual, el acceso a internet ha dejado de ser un lujo, para convertirse en un derecho esencial. Reconocerlo como un derecho humano refleja la importancia de la conectividad para la vida moderna, ya que la capacidad de acceder a la informaci贸n, la educaci贸n y la participaci贸n ciudadana depende en gran medida de la infraestructura digital. La creciente demanda de un acceso equitativo y su relaci贸n con otros derechos b谩sicos han impulsado un movimiento global para regular y proteger este derecho.

M茅xico se ubica como uno de los pa铆ses pioneros en Am茅rica Latina al reconocer el acceso a internet como un derecho constitucional. La reforma del art铆culo 6潞 de la Constituci贸n en 2013 establece que el Estado debe garantizar el acceso a las tecnolog铆as de la informaci贸n, telecomunicaciones e internet, con un 茅nfasis en la banda ancha. A trav茅s de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi贸n, el gobierno mexicano se comprometi贸 a expandir la cobertura, desarrollar infraestructura y asegurar tarifas asequibles, todo regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, la brecha digital en 谩reas rurales y la calidad de los servicios siguen siendo desaf铆os pendientes.

A nivel internacional, la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) ha avanzado en el reconocimiento del acceso a internet como un derecho clave. En 2016, la ONU adopt贸 la resoluci贸n A/HRC/32/L.20 que establece que el acceso a internet es fundamental para el ejercicio de la libertad de expresi贸n y otros derechos humanos. Adem谩s, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen la meta 9.c, que busca aumentar el acceso a las TIC, especialmente en los pa铆ses menos desarrollados. Europa ha seguido un camino similar con el C贸digo Europeo de las Comunicaciones Electr贸nicas, que establece el acceso universal a banda ancha como un derecho b谩sico.

Estonia, un peque帽o pa铆s b谩ltico, es un ejemplo sobresaliente en cuanto a la digitalizaci贸n e inclusi贸n digital. Desde el a帽o 2000, declar贸 el acceso a internet como un derecho fundamental. Su programa 芦e-Estonia禄 ha digitalizado el 99% de los servicios gubernamentales, logrando una cobertura de banda ancha en todo el territorio. Finlandia, por su parte, fue el primer pa铆s en el mundo en garantizar legalmente la banda ancha en 2010, asegurando velocidades m铆nimas para todos sus ciudadanos, lo que contribuye a una mayor inclusi贸n digital, incluso en zonas rurales. En Am茅rica Latina, Costa Rica tambi茅n se ha destacado con la sentencia de su Sala Constitucional en 2010, que reconoci贸 el acceso a internet como un derecho humano, implementando pol铆ticas de conectividad a trav茅s de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

En los pa铆ses en desarrollo, las pol铆ticas de inclusi贸n digital han sido variadas. India ha lanzado el ambicioso programa 芦Digital India禄 para promover el acceso a la infraestructura digital a nivel nacional. Brasil, con su Marco Civil da internet, ha liderado el reconocimiento a los derechos digitales, mientras que Colombia, con su plan 芦Internet para Todos禄, ha buscado expandir el acceso a zonas rurales. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por la desigualdad socioecon贸mica, la falta de infraestructura y los altos costos de implementaci贸n.

Respecto a Bolivia, el acceso a internet ha experimentado un crecimiento constante. Seg煤n la Autoridad de Regulaci贸n y Supervisi贸n de las Telecomunicaciones y Transportes (ATT), al cierre de 2023, el 91% de la poblaci贸n utiliza internet m贸vil, mientras que el 56% cuenta con conexi贸n fija en sus hogares. Esto representa un aumento del 1% respecto al a帽o anterior, evidenciando una mayor penetraci贸n de los servicios de internet.

Con 11.077.615 l铆neas m贸viles con acceso a internet, el servicio m贸vil se ha consolidado como la principal v铆a de acceso a la red. Por su parte, el internet fijo, principalmente a trav茅s de fibra 贸ptica (con 1.365.535 conexiones), ha alcanzado a m谩s de la mitad de los hogares. Santa Cruz se posiciona como el departamento con mayor n煤mero de conexiones, tanto fijas como m贸viles, seguido de La Paz y Cochabamba. La cobertura de internet satelital es completa a nivel nacional, y las operadoras se encuentran comprometidas con la expansi贸n de la tecnolog铆a 4G en todos los municipios.

A pesar de los avances en la legislaci贸n y la inversi贸n en infraestructura, muchos pa铆ses a煤n enfrentan una significativa brecha digital. Las zonas rurales siguen rezagadas en t茅rminos de conectividad, lo que profundiza la desigualdad en el acceso a oportunidades de educaci贸n y empleo. Adem谩s, los desaf铆os tecnol贸gicos, como el mantenimiento y actualizaci贸n de redes, requieren inversiones constantes. Sin embargo, las alianzas p煤blico-privadas y los subsidios espec铆ficos pueden ser estrategias efectivas para mejorar la conectividad y garantizar que nadie quede excluido en la era digital.

El acceso a internet requiere m谩s que su reconocimiento en los marcos legales: es fundamental que los Estados implementen pol铆ticas p煤blicas inclusivas, inviertan en infraestructura robusta y promuevan la alfabetizaci贸n digital. Los ejemplos internacionales demuestran que un enfoque integral, que combine regulaci贸n y acci贸n efectiva, es clave para cerrar la brecha digital y asegurar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la econom铆a y sociedad digital.

El autor es polit贸logo-abogado y docente universitario.

rcoteja100@gmail.com