Juan José Toro Montoya

El 4 de junio de 2012, Zarlet Rowina Clavijo Martínez, de 17 años, salió de su trabajo ubicado en el edificio San Pablo, en la avenida 16 de julio de La Paz, para encontrarse con su madre, Marcela Martínez, en la zona de Obrajes. Nunca llegó.
Desde entonces, Marcela la busca incansablemente y su caso se ha convertido en el emblemático de la trata de personas en Bolivia. Este es un delito que consiste en la privación de libertad de una persona “por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad, aunque medie el consentimiento de la víctima”.
Cuando la desaparición de Zarlet fue denunciada, ya estaba en vigencia la Ley 3.325 de “trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados” y apenas un mes y medio después se promulgó la 263 como una ley integral en contra de ese delito. Aun así, la Policía no le prestó mayor atención porque, al tratarse de la desaparición de adolescentes, la primera posibilidad que contemplan los efectivos de esa institución es que la menor se haya fugado con el novio. En el caso de Zarlet, el tiempo le dio la razón a su madre, porque, de haber sido aquello, alguna noticia habría obtenido 12 años después, pero, hasta ahora, no tiene ni indicios al respecto. Tampoco hubo reportes de hallazgo de cadáveres con características vinculadas a la desaparecida.
Debido a la movilización de su madre, que hasta creó una fundación dedicada a la asistencia de víctimas de trata de personas, este es el caso más conocido, pero no el único. La inacción de los organismos de seguridad del Estado en estos casos ha movido a pensar en la existencia de redes criminales con influencia en aquellos, porque solo así se puede explicar tanto desinterés.
Los reportes de desaparición de personas son excesivamente frecuentes. En 2022, la Defensoría del Pueblo informó que el 63 por ciento de las víctimas identificadas eran mujeres y el 28 por ciento hombres. Los secuestros de éstos se deben a que los tratantes no solo capturan a mujeres, a las que generalmente destinan al tráfico sexual, sino también a personas jóvenes, de otros sexos, con el fin de extraerles sus órganos y venderlos, ya que éstos tienen un alto precio en el mercado negro.
La sospecha de que las mafias de tratantes han penetrado en la Policía y administración de justicia, y logrado impunidad mediante pagos, se mostró en la tercera temporada de la serie televisiva “La reina del sur”, que fue escenificada mayoritariamente en Bolivia. Al año de su estreno, el Ministerio Público reportó que hubo 1.105 casos en 2022 y 1.359 en 2023. La espeluznante frecuencia es de casi cuatro por día.
Publico estas cifras, que son oficiales, a propósito del secuestro de una melliza de dos meses en Potosí y la captura, casi inmediata, de su captora, gracias al trabajo desplegado por la familia de la víctima.
Los números demuestran que la trata y tráfico es un delito que sigue cometiéndose, en nuestras narices, y generalmente está conectado con otros, como el estupro, pero, en lugar de combatirlo, el “evismo” incrustado en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha estado moviendo para modificar su tipología. Y todos sabemos por qué.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.