Jorge Lizárraga Torrico

Parece chiste de Condorito, pero no es, parecer ser mentira, pero es verdad, parece ser una noticia falsa, pero es más real que la lucha cuerpo a cuerpo entre rusos y ucranianos, pero ¿qué paso?

El pasado 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal de la República de Argentina, ratificó la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal, por la que se condenó a la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en la causa denominada como “Vialidad”. Tiene la ex mandataria el derecho de aun apelar ante el Supremo.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, siendo investigadas irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez, durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández, en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Aun y a pesar de todo el proceso iniciado y las evidencias obtenidas y las pruebas contundentes que demostraban su implicancia y responsabilidad, la ex mandataria siempre aseguró ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sosteniendo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» era lograr su inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. Denunció, además, la falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron el pasado 13.11.24 su condena, destacando sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Más allá de lo sucedido, la pena atribuida y el derecho que le asiste para apelar al Supremo, ahora resulta que la ex mandataria, que gobernó entre 2007 y 2015, dijo hace poco que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales, es un castigo «por ser mujer». Asimismo, manifestó tras conocer el fallo que «Cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. No se bancan (respaldar) discutir con una mujer y que no puedan tener razón».

Sobre lo señalado por la ex mandataria, ahora resulta que jamás hizo algo malo, todo lo hecho fue en el marco de la Ley y toda la fortuna amasada y demostrada que ostenta es producto de la herencia que dejó su esposo, además obtenido por la trayectoria política que tuvo toda una vida. Sin embargo, ¿alguien podría creer eso? Cuando entre otros, en 2019 se la acusó de enriquecimiento ilícito y utilización de testaferro para la compra de un yate de ¡más de 15 millones de dólares!

Lo terrible de este tipo de declaraciones es que se destapan los siguientes hechos: a) La justicia en cualquier otra parte del mundo es cuestión de Estado, por lo que, si hay verdadera separación de poderes, debe ser cada poder independiente. Y siendo justo o no con sus acciones o fallos, se debe respetar a los mismos y permitir que los procedimientos concluyan, hasta tanto exista sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, y/o interpretarse los mismos en el marco de las atribuciones o competencias de cada órgano de poder. b) Por ello, ningún político estará de acuerdo con fallos judiciales en su contra y menos cuando se trata de corrupción, falta de transparencia o malversaciones, “imagine por pedofilia, trata o violación” a pesar de los indicios y pruebas sobre los ilícitos perpetrados. c) Si una mujer es procesada y sentenciada, ahora resulta que no es por las pruebas fehacientes presentadas, sino por su género. Mañana dirán por pobre me procesan, por kara me procesan, por indígena me procesan, por campesino me procesan, etc. Todos tienen como argumento la “discriminación”, como aliado perfecto, ¿pero es ético?, ¿es correcto? ¿Moralmente aceptable? Pues no, menos aun cuando las pruebas demuestran que independientemente de ser mujer, indio, campesino, kara, etc., eres culpable. Por lo que declarar “me castigan por ser mujer”, es hasta aberrante y una declaración política y demagoga.

Como dato adicional, debemos recordar que Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022, y es quien actualmente preside desde octubre pasado el Partido Justicialista (OJ), principal fuerza opositora al gobierno libertario de Javier Milei. No obstante, si se confirmara la sentencia, nunca más tendría oportunidad de presentarse a cargo público alguno. ¿Algo bueno podríamos extraer de esta experiencia de un país vecino como Argentina, con relación a la justicia?

El autor es abogado.