Ronald Nostas Ardaya

El 脥ndice de Percepci贸n de Corrupci贸n 2024, elaborado por Transparencia Internacional (TI), asigna a nuestro pa铆s un puntaje de 29/100, situ谩ndonos en el puesto 133 de los 180 pa铆ses evaluados, y ubic谩ndonos como uno de los peores del continente.
Esta evaluaci贸n, que mide comportamientos como el soborno, malversaci贸n, nepotismo, debilidad de las instituciones, 茅tica, impunidad, carga burocr谩tica, leyes adecuadas, acceso a la informaci贸n y protecci贸n de denunciantes, se ha mantenido para Bolivia en un rango de entre 20 y 35 en los 煤ltimos 25 a帽os, y es consistente con otras encuestas como el Latinobar贸metro 2024 que califica al pa铆s con 7.8/10 en el nivel de corrupci贸n.
El impacto de este delito es devastador para la inversi贸n, la cohesi贸n social, la estabilidad pol铆tica, los recursos p煤blicos y la econom铆a. Un estudio del BID de 2019, estima que su prevalencia significa hasta un 6,3% del PIB boliviano, lo que bordear铆a los 3.000 millones de d贸lares anuales, aunque el da帽o integral es incalculable.
Transparencia Internacional considera como las principales causas para el sostenimiento de la corrupci贸n: la concentraci贸n del poder en el 脫rgano Ejecutivo, el crecimiento del autoritarismo, la falta de independencia del Poder Judicial y el limitado acceso a la informaci贸n p煤blica. Otros estudios incluyen el incumplimiento de la ley, impunidad, falta de transparencia fiscal, bajos sueldos en el sector p煤blico, excesiva burocracia, contrataciones directas y discrecionales y una gobernanza d茅bil en las empresas estatales.
En los 煤ltimos 19 a帽os, los gobiernos implementaron una serie de medidas para combatir la corrupci贸n, como la Ley Marcelo Quiroga, la creaci贸n del Ministerio de Transparencia y de unidades anticorrupci贸n en las entidades p煤blicas, la promulgaci贸n de varias leyes y decretos sobre la materia, y la instituci贸n de fiscal铆as especializadas y de nuevos tipos penales. Sin embargo, las decenas de esc谩ndalos ocurridos en los 煤ltimos a帽os y las cifras se帽aladas antes, muestran que estas pol铆ticas han fracasado.
La dimensi贸n de la crisis es tal que, si pretendemos que Bolivia tenga viabilidad, debemos ser capaces de enfrentar las ra铆ces de la corrupci贸n, disminuyendo el control estatal sobre la econom铆a, endureciendo las sanciones y persiguiendo con el mismo rigor a corruptores, corruptos y c贸mplices.
Debemos modificar la Ley SAFCO, la Ley Anticorrupci贸n, el Estatuto del Funcionario P煤blico, la Ley del Control Social y la Ley de Empresas p煤blicas. Requerimos aprobar nuevas normas sobre las contrataciones estatales y el acceso a la informaci贸n p煤blica; abrir a la vigilancia ciudadana los procesos de compras, contrataciones y asignaci贸n de permisos y licencias y; sobre todo, acelerar la implementaci贸n del gobierno electr贸nico que automatice los procesos y disminuya el contacto entre los funcionarios y los ciudadanos en la realizaci贸n de tr谩mites.
La corrupci贸n crece cuando las instituciones se debilitan, por ello es imprescindible garantizar la independencia del sistema judicial, acabar con los interinatos en las entidades descentralizadas, despolitizar la Contralor铆a General y la Procuradur铆a del Estado y eliminar las Unidades de Transparencia, ya que encargar la vigilancia de funcionarios p煤blicos a otros igualmente dependientes de nombramientos partidarios es contradictorio e irracional.
Pero tambi茅n es preciso eliminar la tolerancia social a trav茅s de programas intensivos de educaci贸n y sensibilizaci贸n, de mecanismos que combatan y denuncien la micro corrupci贸n y de espacios que expongan a los que cometen estos delitos.
Para reducir la corrupci贸n requerimos un enfoque integral que combine tecnolog铆a, reformas legales, fortalecimiento institucional y un cambio cultural. Por eso debemos exigir a los candidatos propuestas claras y concretas para disminuir este flagelo, m谩s all谩 de las acusaciones y las generalidades, con la certeza de que, si no somos capaces de parar este c谩ncer social, ning煤n plan econ贸mico, pol铆tico o productivo podr谩 sacar a Bolivia del atraso y la injusticia.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia.